El fiscal pide inhabilitar a la exalcaldesa de Llanes por la contratación irregular de un arquitecto

Según se indica en el documento de la Fiscalía del Principado, al que tuvo acceso este diario, los supuestos hechos se remontan a febrero de 2006, cuando Campillo y el secretario, «decidieron contratar a Javier Fombella, atendiendo a su mera voluntad personal en la elección de la persona a contratar, con pleno conocimiento de que con ello vulneraban la normativa de contratación y los principios de concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a los contratos públicos».

En un primer momento, el contrato rubricado el 1 de febrero de 2006 para la prestación de asistencia técnica de apoyo iba a tener una duración de tres meses, aunque se podría prorrogar hasta la renovación de la corporación municipal, y establecía una retribución de 350 euros al día.

Se prorrogó hasta julio de 2007, cuando se firmó un nuevo contrato con Fombella, con el mismo objeto que el anterior y una duración de dos meses y medio, «extensivos hasta la conclusión del contrato». En este caso, se fijó un precio de 4.550 euros al mes, estableciendo que la asistencia mínima sería de dos días a la semana, aunque podía ampliarse en función de las necesidades.

Finalmente, y siempre según el relato del ministerio fiscal, pese al supuesto carácter temporal de ambos contratos, el arquitecto continuó prestando sus servicios al Ayuntamiento de Llanes hasta mayo de 2015, cuando tuvieron lugar las elecciones municipales tras las que la formación de un cuatripartito entre Foro, Vecinos por Llanes, PP e IU arrebató el poder al PSOE.

En ese periodo de tiempo Fombella llegó a percibir entre 27.994,08 y 55.988,16 euros anuales. En total, fueron 457.897,95 euros los que, según se indica en el escrito del fiscal, salieron durante más de nueve años de las arcas municipales llaniscas para pagar al profesional. Señala, asimismo, que «entre marzo de 2006 y abril de 2009, salvo agosto de 2007, las resoluciones mensuales aprobando los pagos de las facturas fueron dictadas por la acusada».

El representante fiscal recuerda también cómo la normativa vigente entonces y posteriormente prohibe fraccionar contratos con el objeto de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad. Tampoco está permitida su prórroga hasta los niveles alcanzados en este caso.

La fase de instrucción de la causa ha sido movida, pues a principios de este año la jueza llanisca se inhibía en favor del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dada la condición de aforada de Dolores Álvarez Campillo, quien por entonces era diputada por el PSOE en la Junta General. Sin embargo, tras las elecciones el caso regresaba a Llanes al perder la exalcaldesa su condición de aforada por dejar de ser diputada.

Ahora el fiscal considera los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación y pide para ambos acusados penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que en el caso de Campillo le impedirían presentarse a unas elecciones durante ese tiempo y en el de Molpeceres implicaría la pérdida de su condición de secretario municipal del Ayuntamiento llanisco. Para el interventor municipal se pide sobreseimiento provisional, «dado que no existen indicios suficientes para atribuirle participación en los hechos denunciados».

El representante de la Fiscalía solicita también que se remitan al Juzgado de Llanes las declaraciones prestadas por los acusados y varios testigos ante el TSJA en febrero y marzo del presente año.