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Los padres de un menor han sido condenados a pagar una multa de 1.440 euros por desobediencia al no llevar a su hijo al colegio el año pasado porque no estaban de acuerdo con las medidas contra el covid. Así lo ha establecido el Juzgado de lo Penal nº 2 de Oviedo, de acuerdo con la petición de la Fiscalía del Principado de Asturias.
El niño, que tenía siete años en el momento de los hechos, estaba matriculado en segundo de Primaria en una escuela de Llanes durante el curso 2020-2021. Sin embargo, según explica la Fiscalía, por decisión de sus padres, dejó de acudir a las clases el 5 de octubre de 2020, perdiendo de este modo el curso lectivo en su integridad. Los progenitores del menor dejaron de llevarlo al cetro educativo porque no estaban de acuerdo con el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos ni con el distanciamiento social. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Los acusados remitieron varios escritos y mantuvieron entrevistas con el director del centro escolar, al que comunicaron que su hijo no iba a acudir a las clases presenciales, alegando como motivo su disconformidad con el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, así como con el distanciamiento social, circunstancias bajo las cuales se desarrolló en España ese curso con motivo de la pandemia.
En marzo de 2021, los padres fueron requeridos expresa y personalmente por la Fiscalía de Menores de Oviedo para que escolarizaran a su hijo, bajo apercibimiento de incurrir en delito. Sin embargo, se limitaron a elaborar un programa educativo personalizado para su hijo y a solicitar su homologación por la Consejería de Educación del Principado. El Ministerio Fiscal apunta que «persistieron en su actitud negacionista» y remitieron un escrito a la Fiscalía de Menores comunicando esa circunstancia.
Tras ello, la Fiscalía de Menores dictó un decreto el 14 de abril comunicándoles la falta de validez del programa educativo que habían elaborado y requiriéndoles de nuevo para que escolarizaran a su hijo, bajo nuevo apercibimiento de incurrir en delito. Los acusados persistieron en su actitud.
Tras la vista oral, celebrada el pasado 25 de mayo, la Fiscalía del Principado de Asturias consideró que los hechos eran constitutivos de un delito de desobediencia y solicitó para cada uno de los progenitores la pena de 6 meses de multa, con una cuota de 4 euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas), condena impuesta por el Juzgado.
Según recoge la sentencia, «los padres del menor decidieron voluntariamente que su hijo no acudiría a las clases presenciales durante el curso escolar 2020-2021 debido a la situación reinante con motivo de la pandemia generada por la covid-19, con las consiguientes medidas de seguridad impuestas en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y concretamente y en lo que aquí interesa, en el ámbito escolar: el uso obligatorio de mascarillas higiénicas, FFP2, o de otro tipo; la aplicación regular de gel hidroalcohólico; y el distanciamiento físico entre alumnos y profesores, entre otras medidas». El fallo añade que los acusados «desatendieron los requerimientos provenientes de una autoridad, cual es la Fiscalía de Menores, como expresamente reconoce el artículo 24 del Código Penal al indicar que, a efectos penales, se reputará autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal». El Juzgado concluye que «concurren todos y cada uno de los elementos configuradores del delito de desobediencia, esto es, el mandato procedente de la autoridad, mediante el requerimiento expreso y directo por parte de la Fiscalía de Menores; la negativa al cumplimiento de dicho mandato mediante la omisión de la obligación de escolarización de su hijo; consciencia, voluntad y persistencia en su actitud; y finalmente, la gravedad de tal desobediencia en atención a la negativa contumaz de escolarización con arreglo a la normativa vigente, afectando de este modo a un bien jurídico de especial trascendencia cultural, social, y en definitiva, educativa».
Junto con la pena de seis meses de multa a razón de cuatro euros diarios impuesta a cada uno de los acusados, la sentencia establece que cada uno de ellos abone la mitad de las costas procesales causadas.
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