Los exconcejales de Llanes acusados de prevaricación: «Nosotros no decidíamos a quién se contrataba»

Se les acusa de realizar veinte contratos menores sucesivos sin la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva, dieciséis de ellos firmados por Francisco José Balmori por un importe total de 142.770 euros y cuatro de ellos firmados por José Manuel Herrero por importe de 61.611 euros. Dichos contratos se adjudicaron a una arquitecta interina del Ayuntamiento desde el año 2007 hasta el 2013.

Según el Ministerio Público, el exconcejal de Urbanismo, Francisco José Balmori adjudicó de manera directa la prestación de los servicios de Asistencia Técnica a la Oficina Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes para la realización de informes de tramitación de los instrumentos de gestión y desarrollo, durante años y con una cuantía total muy superior a los límites legales y el segundo acusado, José Manuel Herrero, según el fiscal, habría también eludido los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato, y habría adjudicado de manera directa dichos contratos.

«Los acusados eran conocedores de esta situación aunque lo nieguen. Sobre todo el señor Balmori, que además es licenciado en Derecho, y no era la primera vez que ejercía ese cargo y conocía los límites de la contratación menor. Saltándose todos y cada uno de los límites que son los mismos desde el año 2000, y no se podían hacer prórrogas. Querían saltarse las normas para evitar la concurrencia competitiva, aunque se cumplieron los servicios», afirmó tajante el Fiscal.

Sin embargo, los acusados mantienen su inocencia y aseguran que no tenían ninguna relación fuera de lo profesional y de preferencia hacia la arquitecta Azul Lazo y tampoco gestionaban los procedimientos de contratación.

«Yo a la arquitecta no la conocía ni personal ni profesionalmente antes de su contratación. No me dedicaba a contratar personal, de eso se ocupaba la secretaría. No participé de ninguna forma en la decisión para que esta arquitecta fuese la elegida para la plaza disponible. Todos los expedientes venían con una firma del secretario y a continuación firmaba yo, porque confiaba en lo que ya se había hecho. El servicio de contratación era el encargado de realizar los contratos», dijo ante la jueza, el exconcejal Francisco Balmori.

«El procedimiento de contratación que se elegía dependía del servicio de contratación a través de secretaría. Nosotros no lo decidíamos. Nunca hubiese firmado nada si me hubiesen advertido de que había irregularidades, pero ni el secretario ni nadie me advirtió de que esto ni de manera verbal ni por escrito», agregó el segundo acusado, José Manuel Herrero.

Por su parte, la defensa de los acusados pidió esta mañana durante la vista oral la completa absolución de ambos acusados, alegando que, los exconcejales no eran los encargados de gestionar los procedimientos de contratación en el Ayuntamiento de Llanes.

«Se está obviando el protagonismo en el proceso de contratación, es decir, el concejal no tenía conocimiento en este proceso sino que ese servicio dependía de otra persona. Lo que sí reconocemos es la falta de responsabilidad por parte del concejal al no preguntar y no percatarse de quiénes hacían y como se hacían esos contratos», puntualizó el abogado de Francisco Balmori.

La defensa de José Manuel Herrero destacó que «el vínculo que unía a la arquitecta Azul Lazo con el Ayuntamiento de Llanes era meramente profesional. Además, José Manuel Herrero no tuvo ninguna responsabilidad en la forma y en los tiempos en los que se hicieron los contratos», concretó la letrada.

Por último, la propia arquitecta, Azul Lazo, testificó hoy durante el juicio que «el servicio de contratación era quien me comunicaba todo lo referente a mis contratos y que me iban a seguir contratando. Los concejales no intervenían. Fui contratada porque había retraso en las licencias urbanísticas y de obra y recibía instrucciones directas del arquitecto municipal, nunca de los concejales«

De acuerdo con la Fiscalía, la fragmentación contractual fue realizada por los acusados para eliminar las garantías contractuales exigidas por el contrato en su conjunto, es decir con ánimo malicioso de burlar la ley. En pocos días será comunicada la sentencia dictada por la jueza María Paz González.