Los aparcamientos de las playas de Caravia contarán con sistemas de conteo de coches

Caravia es, junto con Parres y Piloña, uno de los concejos que se beneficiarán de las acciones de cohesión en destino de los fondos europeos, concedidos al Paisaje Protegido del Sueve para «consolidar productos turísticos clave». En su caso recibirán 300.000 euros que, según explicó ayer la alcaldesa, Salomé Samartino, contribuirán «a la modernización y a que Caravia sea un destino sostenible, de calidad e inteligente».

Los fondos, detalló, se destinarán a «obras, mejoras de las playas, del área recreativa de El Fitu, digitalización o conteo de visitantes en los aparcamientos». Esa última medida es precisamente una de las llamadas a evitar un problema recurrente de los veranos, la acumulación de vehículos en los accesos a las playas, en busca de plazas libres para estacionar. La viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco, explicó que «la movilidad es una parte muy importante del plan» y por ello en los aparcamientos de La Espasa y el Arenal de Morís se aplicará un «sistema de conteo». «En la pandemia ya empezamos un programa para el aforo en las playas y hay un trabajo hecho que queremos aprovechar para llevarlo al aforo de los parkings», indicó. En la práctica ese sistema permitirá que «la gente tenga información de cómo se encuentra el aparcamiento en ocupación en tiempo real» y pueda decidir si acudir o no a esa playa. «También queremos que el parking tenga el menor impacto posible sobre el paisaje, se van a hacer unos cerramientos con vegetal», abundó. Dentro del plan existe precisamente «una parte importante de mejora medioambiental y protección del paisaje de toda la zona litoral, soterramiento de contenedores...», enumeró Blanco.

Los fondos los recibirá en primer lugar el Principado y será el Ayuntamiento quien los ejecute. Ambas administraciones suscribirán un convenio y la idea es que Caravia cuente con «la ayuda, el apoyo y el asesoramiento» de la oficina de coordinación y seguimiento del Principado. «Queremos ayudar a los ayuntamientos que no tienen los medios ni materiales ni personales por la complejidad a la hora de elaborar pliegos, desarrollar los proyectos y las exigencias que vienen desde Europa», indicó la viceconsejera en funciones.

En cuanto a plazos, el tope se sitúa en 2026, si bien la previsión es que «para después del verano ya podamos estar en condiciones de empezar a hacer proyectos y obras», adelantó Blanco.