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E. C.
Lunes, 22 de abril 2024, 15:16
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de 9 y 12 años de inhabilitación para dos exalcaldes de Ribadedeva acusados de prevaricación. La vista oral está señalada para este martes, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a ... las diez y media de la mañana. Se trata de Alejandro Reimóndez, que fue alcalde de 2003 a 2011, y de Jesús Bordás, que le dio el relevo y permaneció en el cargo hasta mayo pasado.
El ministerio fiscal sostiene que hubo incumplimientos de normas de contratación tanto en el caso del primer acusado como en el caso del segundo acusado.
La fiscalía considera que ambos son responsables de un delito continuado de prevaricación y solicita que se condene al primer acusado la pena a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público en las corporaciones locales, lo que implica la pérdida de su condición de alcalde o concejal si la tuviera, así como la imposibilidad de concurrir a ningún tipo de elección o ser nombrado para puesto representativo o ejecutivo o gestor por una autoridad pública por ese período, si bien no implicará la pérdida de su condición de funcionario si la tuviera, mientras que para el segundo pide lo mismo, pero por doce años.
En el caso de Reimóndez, la fiscalía afirma que en 2003 contrató sin concurso a una empresa para consultoría y asistencia por seis meses, pero que fue dándole sucesivas prórrogas, de forma que se habrían eludido «los principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia e igualdad de trato mediante prórrogas tácitas del referido contrato de asesoramiento con una cuantía muy superior a los límites legales».
En el caso de Bordás, una contratación en similares términos se habría hecho para cubrir la baja de la arquitecta municipal. Además, quien se benefició de los contratos de ambos alcaldes fue una misma persona, a través de dos sociedades, que en total habrían facturado al Ayuntamiento de Ribadedeva 129.930,73 euros por los servicios prestados entre 2003 y 2019, cuando la secretaria del Ayuntamiento emitió un informe en el que concluía que había que cesar en el contrato y, si se estimaba necesario el asesoramiento, proceder a una nueva licitación, de conformidad a la legislación vigente.
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