La acusación busca un vínculo empresarial entre Campillo y los promotores del Kaype

Aunque las declaraciones de investigados y testigos del caso del hotel Kaype no se reanudarán hasta el 12 de mayo, la primera ronda de comparecencias ante el juez y las partes celebrada entre las jornadas del martes y el miércoles sigue generando reacciones. Una de ellas es la del Ayuntamiento de Llanes expresada por boca de su alcalde, Enrique Riestra. El regidor considera que «esta va a ser una causa larga en la que se van a llamar a declarar a más personas» de las que lo han hecho ya y de los funcionarios regionales de la CUOTA que lo harán el 12 de mayo, entre ellos el secretario de este órgano, José Antonio Cullía de la Maza.

Riestra se pronunciaba ayer respecto a una presunta relación existente entre los promotores del hotel Kaype y la familia de la exalcaldesa y diputada regional, Dolores Álvarez Campillo. Según Riestra, esos vínculos «son vox populi, los conoce todo el mundo». Y apuntó a una «entidad mercantil» de la que tanto los responsables de la promotora Carrera y Pérez como familiares de la exalcaldesa forman parte como socios.

Precisamente sobre esta cuestión se preguntó a varios de los investigados y testigos que durante el martes y el miércoles pasaron por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En especial se interrogó a este respecto a Gaspar Carrera, consejero delegado de la empresa Carrera y Pérez. Tanto él como el resto de personas a las que se preguntó por este asunto respondieron a las preguntas. Además se está a la espera de que en los próximos días se reciba documentación del registro mercantil sobre la empresa que, presuntamente, vincula a la familia Álvarez Campillo con Carrera y Pérez. Algunas fuentes apuntan a dos compañías en las que podría existir ese vínculo, una dedicada a la producción y venta de hormigón y la otra una cantera

También, en base a las declaraciones realizadas por los testigos y los investigados ante el magistrado instructor del caso, José Ignacio Pérez Villamil, las partes van a solicitar nuevas diligencias de investigación, tanto documentales como testificales. Y es que los testimonios de la exalcaldesa y el José Ignacio Torre, titular del estudio de arquitectura que elaboró el proyecto de ampliación del Kaype, duraron cerca de dos horas. También largo fue el del secretario municipal del Ayuntamiento llanisco, Santiago Fernández Molpeceres. Aunque no ha trascendido el contenido de lo declarado, sí que se sabe que no hubo grandes sopresas y que los imputados mantuvieron las posturas que llevan defendiendo desde el inicio del proceso. En el caso de Campillo que la edificabilidad concedida al hotel era legal y que lo que había era una discrepancia entre los técnicos municipales y los del Principado. Y en el del exedil de Urbanismo, José Herrero, que las licencias de obras y agrupación de fincas que firmó para permitir el inicio de las obras venían avaladas por los informes técnicos municipales.

Desde Avall, una de las partes personadas en esta causa junto con el Ayuntamiento y el particular Javier Cantalapiedra, su presidente, Domingo Goñi, manifestaba ayer que en la asociación «estamos muy contentos con el juez, porque tenemos constancia de que es muy sensible a estas cuestiones». El de Avall avanzaba que «vamos a poner encima de la mesa que algunos de los funcionarios que están como testigos en el caso pasen a ser investigados, porque hay documentación suficiente que deja constancia de indicios de prevaricación». «Nosotros vamos a aportar todas las pruebas que tenemos para que el juez ponga en el lugar que corresponde a políticos y funcionarios implicados», recalcó.

Goñi señalaba que «el secretario de la CUOTA hizo un primer informe sin contar con la permanente de este órgano, y que nosotros denunciamos, en el que se decía que los terrenos de la agrupación de fincas eran todos urbanos, aunque luego la Justicia dijo que no lo eran». Por último el presidente de Avall destacó el hecho de que «barbaridades urbanísticas como la ampliación del Kaype es muy importante que se lleven por procedimientos penales».

El alcalde de Llanes recordó que el Consistorio está personado en este caso que, de resolverse de una forma favorable para los intereses del actual equipo de gobierno, «puede ser un precedente que evite el pago de una indemnización millonaria a los vecinos». «Hay trabajadores municipales que no están cómodos con que estemos personados. Pero nosotros estamos en el gobierno local para defender los intereses de los vecinos», recalcó Riestra.

El representante legal del particular Javier Cantalapiedra, el abogado Carlos González Valdeón, del despacho De la Iglesia y Teijelo, manifestaba ayer que «entendemos que algunas de las irregularidades administrativas ocurridas en el proceso para ampliar el hotel acarrean responsabilidades penales». También quiso incidir en que «una persona investigada puede dejar de estar imputada en cualquier momento, por eso respetamos mucho la presunción de inocencia».

Herrero, prudente

Por su parte el portavoz del grupo municipal socialista y exedil de Urbanismo cuando se concedieron las licencias municipales, José Herrero, se mostró muy prudente ayer al valorar cómo había sido su comparecencia en el TSJA ya que no puede hablar del contenido de su declaración. Por este motivo simplemente manifestó sobre esta cuestión que «contesté a las preguntas que se me hicieron y di información sobre mi actuación en el proceso». La declaración de Herrero duró cerca de una hora.