TERRY BASTERRA
Jueves, 31 de marzo 2016, 00:27
Ya hay fecha para la declaración de la exalcaldesa de Llanes y actual diputada regional por el Oriente de Asturias, Dolores Álvarez Campillo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por las obras de ampliación del Hotel Kaype. Será el martes 19 de abril a las 10 horas en la Sala de Vistas de la sede del TSJA. Así lo ha fijado José Ignacio Pérez Villamil, magistrado instructor de esta causa. Álvarez Campillo declarará en calidad de investigada, como también lo hará el que fuera su teniente de alcalde y edil de Urbanismo, José Herrero, en el momento en el que se concedieron las dos licencias municipales que posibilitaron llevar a cabo esta ampliación y que fueron anuladas posteriormente por la Justicia. Las obras del hotel se encuentran paralizadas por orden judicial desde octubre de 2014.
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El mismo día que Álvarez Campillo y Herrero están citados para declarar, también lo hacen en calidad de investigados cuatro funcionarios municipales del Ayuntamiento de Llanes, uno de los cuales ya está jubilado pero permanecía en activo cuando se concedieron las licencias. Se trata de la actual arquitecta municipal del Consistorio llanisco, del Técnico de Administración General de Urbanismo, del secretario municipal y del exarquitecto municipal. También está llamado a declarar como investigado el titular del estudio de arquitectura contratado por la promotora para redactar el proyecto de amplicación del Hotel Kaype y cuyos datos dieron por buenos los técnicos del Ayuntamiento.
Tanto a estas cinco personas, como a los dos políticos socialistas en activo -Álvarez Campillo ejerce como diputada en la Junta y Herrero como portavoz del PSOE en el Consistorio llanisco-, se les imputa un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con las obras de este hotel situado en primera línea de la playa de Barro y sobre cuya parte ampliada pesa una orden judicial de demolición según la cual, como tarde, los trabajos para derribar la parte edificada bajo el amparo de la licencia de obras anulada deben comenzar, como tarde, el 7 de julio. Por prevaricación se entiende, según la RAE, dictar una resolución a sabiendas que es injusta. En esta caso concreto sería la concesión de dos licencias municipales, una de obras y otra de agrupación de finca, con el supuesto conocimiento de que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente y se otorgaron de forma irregular.
El TSJA también cita a declarar, aunque en este caso en calidad de testigos, a los promotores de esta obra, que son Gaspar Carrera Pérez, consejero delegado de Carrera y Pérez S. L., y Antonio Valle Rodríguez, administrador único de la mercantil 'Valle y Balmori S. L. y consejero delegado de SVC Promociones del Principado S. L.. Además José Antonio Cullía de la Maza, secretario de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) declarará como testigo y también se le ha citado como perito.
El Tribunal Superior de Justica ha hecho públicas las fechas en las que tendrán que ir a declarar las personas investigadas y los testigos después de que haya finalizado el plazo dado a las partes para que soliciten las diligencias de investigación que estimen oportunas para continuar con la instrucción abierta en la Sala de lo Civil y Penal del TSJA. Después de que declaren estas personas, analice las diferentes pruebas aportadas por las partes y concluya sus indagaciones, el magistrado instructor podrá abrir juicio oral, si considera que existen indicios de delito o sobreseer la causa si no percibiese una posible actuación irregular en la concesión de las licencias municipales.
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La investigación del TSJA se abre tras el auto emitido por la Audiencia Provincial y conocido a principios de febrero en el que se solicita que se analice la presunta implicación de todos los imputados en la concesión irregular de los permisos, ya anulados, que posibilitaron esta ampliación. La propiedad ya ha anunciado que reclamará al Ayuntamiento 15,6 millones de euros como indemnización por el futuro derribo de las obras del hotel en concepto de responsabilidad patrimonial, el triple de en lo que estaban presupuestadas las obras.
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