Los juicios de varios afectados por el 'caso Bankinter' comenzarán en abril

Comienza en Cangas de Onís la celebración de varios juicios relacionados con el 'caso Bankinter'. El despacho de abogados Espacio Legal, capitaneado por Marcelino Tamargo, ha informado de que ya disponen de los señalamientos para la celebración de un total de catorce vistas, entre los meses de abril y mayo.

Habiendo tenido lugar ya las audiencias previas, el equipo de Tamargo explica que, «una vez que quedó cerrado el procedimiento penal, comenzó la acción civil, con el objetivo de que se resarza de una vez por todas a los clientes en la medida en que este proceso les afectó». El caso deriva de las presuntas prácticas irregulares de quien fue agente financiero de Bankinter en Cangas de Onís, Jesús Lobato, fallecido en enero de 2014.

Durante las citadas audiencias, los abogados de la defensa han conseguido obtener autorización para recibir, por parte de la entidad financiera, «las auditorías internas que se realizaron tras conocer la presunta estafa y que no hubo manera de que nos entregasen durante el procedimiento penal». El juez ha dado un mes de plazo para la aportación de esta documentación, «que está a punto de terminar». «Con estos datos podremos realizar informes periciales personalizados para cada caso, conociendo así a ciencia cierta cuáles han de ser las cantidades que hay que reintegrar, con independencia de lo que le pueda corresponder a cada afectado en concepto de daños y perjuicios», explican desde Espacio Legal. Una vez obtenida la información, se nombrará a un perito judicial. El despacho de abogados explica que durante los últimos meses «se han estado presentando excepciones procesales por parte de Bankinter, las cuales han sido desestimadas». La defensa ha recurrido también a la colaboración de varias aseguradoras, además de haber solicitado información a través de Seguridad Social y Hacienda, con el fin único de «terminar de esclarecer los datos».

Muchos de los afectados por las supuestas irregularidades crearon una plataforma conjunta y solicitaron el asesoramiento legal para ver qué pasos debían de seguir con el fin de recuperar el dinero perdido. Fueron al menos 60 los clientes estafados en estas «operaciones irregulares» que suman alrededor de dos millones de euros, según datos reconocidos por la propia entidad. Algunos recibieron su dinero directamente por parte del banco, mientras que otros continuaron su lucha por los cauces legales.