La Fiscalía cree que «no hay base» para acusar a Campillo por el caso de las multas

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitaba en la tarde de ayer el sobreseimiento provisional del procedimiento abierto contra Dolores Álvarez Campillo por el caso de la suspensión de 17 multas de tráfico en e l Ayuntamiento de Llanes, durante su último mandato como alcaldesa. Es decir, el Ministerio Fiscal considera, tras la instrucción practicada, que «no hay pruebas suficientes ni base para sostener una acusación». Significa, por tanto, que la única parte denunciante pide ahora el archivo de la causa contra laactual diputada regional. Se conocía la decisión el mismo día en el que la exalcaldesa prestaba declaración en la Sala Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia, ante el magistrado instructor, José Ignacio Pérez Villamil.

Desde la Fiscalía no se ha querido concretar si existen motivos concretos para haber tomado ayer esta decisión, ni si han sido las palabras de Álvarez Campillo ante el magistrado las que motivaron la decisión de la fiscal que acudió a la cita, Esperanza González Avella.

Llegado a este punto, cuando el Tribunal Superior de Justicia dicte el auto correspondiente, si este es en el mismo sentido que el requerimiento de la Fiscalía, la causa volvería a los juzgados de Llanes, pues para el que no han variado las circunstancias es para Emilio Carrera, concejal socialista llanisco. Para él la instrucción continúa y, si el juez así lo estima oportuno, puede solicitar la apertura de juicio oral. De ser así sería juzgado en Llanes pues, como edil de la corporación municipal, carece de la condición de aforado de la que sí goza actualmente la exregidora, tras tomar posesión como diputada regional en el Parlamento asturiano.

Dos funcionarios municipales cerraron en la mañana de ayer la ronda de declaraciones, que inició la propia Álvarez Campillo pasadas las 10.30 horas. Un inquieto Emilio Carrera esperó durante unos treinta minutos la comparecencia de la exalcaldesa y, tras su salida, hablaron solo unos segundos antes de que entrarse él mismo a la sala para disfrutar de su turno de palabra. Una hora fue lo que necesitaron los dos investigados para ofrecer su versión de los hechos ante el juez, tras lo que ambos decidieron guardar absoluto silencio ante los medios.

Carrera fue el primero de los dos salía de los juzgados, con un pitillo preparado para encenderse y el periódico bajo el brazo. Con semblante triste y visiblemente afectado únicamente indicaba que todo había ido «bien» y que no iba a decir «nada más».

Segundos después abandonaba el edificio Dolores Álvarez Campillo, solicitando comprensión a su silencio pues «queremos respeta el proceso hasta el final». «Después hablaré, habrá una rueda de prensa. Ya sabéis que yo hablo», declaró ante los medios de comunicación allí congregados.

Pero no tardó mucho tiempo en reaccionar. A primeras horas de la tarde afirmó sentirse «feliz» tras conocer la decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa. «Aunque aún no tengo confirmación oficial, me siento feliz porque ha sido un gran peso el que me que quitado de encima». Y es que, la exalcaldesa explicaba que «aunque yo estaba por una parte tranquila, porque sabía que no había hecho nada, por otra parte estar dentro de un proceso de este tipo te produce una intranquilidad que me había mantenido muy cansada durante las últimas semanas».

Investigada

La diputada socialista declaraba ayer en calidad de investigada como presunta responsable de la retirada irregular de cerca de una veintena de multas de tráfico impuestas por la Policía Local de Llanes entre los años 2013 y 2015. Junto a ella también había sido citado el mismo día Emilio Carrera, actual concejal en el Ayuntamiento y quien ocupase la Concejalía de Seguridad, Interior y Personal durante la pasada legislatura, cuando se retiraron dichas sanciones presuntamente de forma incorrecta.

El TSJA admitió a trámite el pasado 5 de octubre la querella formalizada por el Ministerio Fiscal contra la exalcaldesa y actual diputada regional por un presunto delito de prevaricación continuada. Tras las novedades de ayer, el proceso continúa abierto únicamente para el edil llanisco. Según recogía el auto, la supresión de las sanciones en materia de tráfico se habría realizado presuntamente «sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico y con desprecio absoluto de las más elementales normas del procedimiento sancionador».