La Fiscalía solicita la imputación de la exalcaldesa de Llanes por presunta prevaricación

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias solicita la imputación de la exalcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo, y de quien fuera su segundo teniente de alcalde en el pasado mandato, Emilio Carrera, al encontrar en sus actuaciones un presunto delito de prevaricación. El Ministerio Fiscal busca que se les cite a declarar en calidad de imputados para que aclaren su supuesta responsabilidad en la anulación injustificada de multas de tráfico que, ante sus dependencias, denunciaba en marzo de este mismo año el coordinador general de la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa).

La fiscal que se encargó del caso considera, tras haber revisado la documentación aportada por el colectivo sindical, que «hay indicios de un delito continuado de prevaricación». El cuerpo de la querella indica que, tanto Álvarez Campillo como Carrera, «en perfecto conocimiento de su ilegalidad, emitieron de forma injustificada e inmotivada resoluciones contrarias al Derecho en relación a expedientes sancionadores de tráfico». Es decir, la Fiscalía ha revisado papeles y se ha percatado de que hay indicios claros de que se retiraron un total de 17 multas de tráfico. En concreto, 7 casos corresponden a la exregidora y los diez restantes al que fuera concejal de Seguridad. El texto, presentado ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, apunta por ambas partes a «un desprecio absoluto del reglamento sancionador sin motivación ni causa alguna».

Los hechos se realizaron entre octubre de 2013 y marzo de 2015 y, entre las causas por las que los vehículos habían sido sancionados, se encuentran estacionamientos en áreas de transporte público, zonas peatonales o haber excedido del tiempo establecido para el aparcamiento. En la mayoría de los casos los afectados, propietarios y titulares de los citados vehículos, «ni tan siquiera habrían recurrido la multa, anulándose directamente por parte de los dos concejales».

Por su condición de aforada, tras haber sido elegida diputada de la Junta General del Principado, la socialista será investigada por el TSJA aunque, la instrucción, «será exactamente igual que la que se haría desde cualquier otro juzgado». Este diario se puso en contacto ayer con Álvarez Campillo y, aunque reconoció haber recibido notificación de la querella, declinó hacer declaraciones «hasta que termine el proceso judicial». Por su parte, Emilio Carrera tampoco quiso pronunciarse al respecto. Desde la Federación Socialista Asturiana también se guarda silencio.

Por parte de Usipa se ha celebrado la formalización de esta querella, «porque lo que hicieron fue una ilegalidad enorme». Aunque no han querido desvelar cómo llegaron a su poder esos documentos, los responsables del sindicato aseguraban ayer que «lo denunciamos ante la Fiscalía porque, si ellos encuentran indicios, el caso tiene mucho más peso». La querella debe ahora ser admitida a trámite.