
S. V.
Sábado, 20 de septiembre 2014, 00:41
La ley de transparencia que prepara el Ejecutivo regional pretende sincerar a las distintas administraciones asturianas pero también a aquellas entidades privadas que de una u otra manera reciban fondos públicos, caso de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Así lo explico ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, en la sede de la Agrupación Socialista de Llanes, donde añadió que «podría estar aprobada en esta legislatura». Actualmente se encuentra en trámite parlamentario.
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El consejero de Presidencia subrayó que la ley del equipo de gobierno regional es más restrictiva que la estatal. Debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la información tanto los organismos públicos -Principado y ayuntamientos, Junta, Universidad, sector público...- como todos aquellos colectivos privados que en el periodo de un año reciban ayudas o subvenciones públicas por más de 50.000 euros o que supongan al menos el 40% de sus ingresos. Ahí se encuadran los partidos, los sindicatos y la patronal.
En cuanto a las discrepancias de los grupos de posición, Martínez indicó que el Partido Popular «nos acusa de que es parecida a la ley estatal, cuando es una ley elaborada por su partido». «En el caso de Foro consideran que es suficiente con la Sindicatura de Cuentas y UPyD e IU muestran ciertas diferencias con el órgano de control», detallaba.
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