Un juez respalda la rescisión del contrato con la empresa que gestiona el matadero comarcal

El juzgado ha dado la razón a la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, desestimando el recurso presentado por la empresa adjudicataria del servicio del matadero comarcal en contra de la rescisión de su contrato. Frigoríficos del Nalón presentaba su alegación el pasado mes de septiembre, tras ser informado en tiempo y forma por parte del ente supramunicipal sobre la intención de no prorrogar el contrato para la explotación del macelo de la localidad canguesa de Margolles, el cual gestiona desde el año 2004. Entre sus razones defendía que la decisión de no prorrogar este contrato era «nula de pleno derecho».

Ya entonces anunciaba que presentaría demanda ante el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Oviedo aludiendo, entre otras razones, a la imposibilidad de «abandonar» una serie de mejoras que habría realizado en el equipamiento, como un centro de limpieza y desinfección de vehículos, una sala de despiece de carnes y un establecimiento de manipulación de caza silvestre mayor, de la que el ente dice ahora desconocer su existencia. «Si realmente está hecha esta última mejora, esta Mancomunidad lo desconocía, por lo que se realizó sin su permiso», aseguraba el presidente del ente supramunicipal, Marcos Gutiérrez Escandón, durante la última sesión plenaria, en la que se elevó además a definitiva la supresión de este servicio. El juez ha dictaminado que el organismo actúa conforme a la ley y ante esta última decisión no cabe ya recurso.

Según explicaba recientemente Gutiérrez Escandón, parece ser que la empresa «busca ahora arremeter en relación a la supresión del servicio», algo que debe desaparecer «en tanto en cuanto se disuelva el único órgano de gestión, esta mancomunidad». El presidente destacó una vez más «la firme voluntad de todos los concejos para que el matadero continúe prestando servicio a la comarca más allá del 14 de diciembre próximo», aunque reconoció que se trata de «un asunto complejo». «Los cambios en la ley de Administración Local impiden a los ayuntamientos hacerse cargo de ese tipo de competencias», recordó. Por ello se espera que en los próximos meses comiencen los contactos con el Gobierno del Principado, para poner todas las cartas sobre la mesa.

Entre las opciones posibles se podría estudiar la concesión de una subvención por parte del Ejecutivo regional o la adjudicación directa a una empresa. Antes de ello, aún queda por aclarar la titularidad del edificio, que aún no se ha determinado si es autonómica o pertenece al Ayuntamiento de Cangas de Onís, municipio donde se encuentra ubicado el macelo.