La oposición tilda la oficina de derechos llingüísticos de «cortina de humo» y «nuevo chiringuito»

Más crítica aún se mostró la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, quien ve esta oficina como «un nuevo chiringuito socialista y un trampantojo, una ilusión con la que el Gobierno pretende engañar a los asturianos, creando un problema donde en realidad no existe». Y argumenta que, desde 2014, «el servicio de atención a la ciudadanía de la Consejería de Presidencia registró una única queja por la imposibilidad de utilizar el bable en la Administración».

Tampoco parece convencer la oficina a Podemos, pese a ser uno de los partidos defensores de la oficialidad. «Se les va a inundar la oficina de quejas», vaticina la coordinadora autonómica del partido, Sofía Castañón, quien entiende que mientras la llingua no sea oficial «los hablantes de asturiano seguirán viendo mermados sus derechos sistemáticamente». «Quejar ya llevamos quejándonos más de 40 años en las calles, y se suponía que este gobierno venía a proponernos otra cosa, no cortinas de humo voluntaristas que no resuelven nada», concluye. Del mismo modo, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, considera que lo que debería hacer el Gobierno socialista no es crear una oficina de quejas, sino «desarrollar la Ley de Uso y dar garantías legales a los falantes de asturiano para que puedan relacionarse con normalidad con la Administración».

Ignacio Blanco, presidente de Vox, también ve la oficina como «otro chiringuito más» del Gobierno regional. Lamenta que mientras Asturias «se sigue degradando social y económicamente, el presidente vuelve a la carga con su cantinela de la oficialidad, que no reconoce derecho alguno que ya no exista; es una imposición a todos para obligarnos a entender a quien por capricho no quiere expresarse en la lengua materna de los asturianos, que es el español».

Únicamente el PSOE e IU parecen celebrar la creación de esta oficina. La secretaria de Bienestar Social y Ciudadanía de la FSA y senadora, María Fernández, confía en que sea una «herramienta más» para garantizar el ejercicio de los derechos recogidos en la Ley de Uso y Promoción del asturiano. Mientras que en IU, su portavoz, Ángela Vallina, valora que se trata de «un paso más en la normalización del uso del asturiano, con un mecanismo específico para visibilizar posibles problemas y disfunciones de la población asturfalante».