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Chelo Tuya
Oviedo
Viernes, 27 de octubre 2023
El conflicto laboral de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el ente que gestiona la red geriátrica pública y concertada de Asturias, llegará a la Junta General del Principado. La oposición parlamentaria ha hecho suyas las reivindicaciones del comité de empresa, que cumplen hoy seis días ... de encierro en la sede del organismo. La primera iniciativa parlamentaria la firmará el nuevo portavoz del PP, Álvaro Queipo, y consistirá en pedir la comparecencia urgente ante el Parlamento asturiano de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez. A ella le pedirá que ceda a las peticiones de los trabajadores: el pago de un plus de peligrosidad, así como el incremento de personal para cubrir todas las vacantes.
Así lo anunció el propio Queipo durante la concentración de protesta que ayer tuvo lugar ante el ERA, en la que participó no solo el comité, sino numerosos trabajadores, así como los diputados Beatriz Polledo (PP), Covadonga Tomé (Podemos) y Xabel Vegas (IU). Porque el socio de Gobierno del PSOE se suma a la petición de mejoras para el ERA. También respalda la protesta el diputado de Foro Adrián Pumares, que no pudo acudir a la concentración por problemas de agenda.
En palabras de Queipo, «nos encargaremos de que el ERA tenga voz en el Parlamento toda la legislatura». Explicó que su decisión tiene dos movimientos: «a medio y largo plazo, recordaremos que hace tres meses le pedimos al presidente del Principado, Adrián Barbón, un pacto por los mayores. No hemos tenido respuesta». Y a corto plazo, «este jueves pediremos la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar». Y lo hará para decirle, «que acepte de una vez y reconozca que es necesario un plus de peligrosidad para los trabajadores del ERA, y que haga un estudio exhaustivo para analizar las vacantes de los centros y cubrirlas todas».
Recordó Queipo que «hemos presentado enmiendas a los presupuestos regionales para que se reconozca ese plus, pero hemos recibido de manera permanente, una y otra vez, el voto negativo del PSOE». Por eso, confía en que en la comparecencia, «la consejera venga con el acuerdo bajo el brazo».
Porque, asegura para defender el plus de peligrosidad, «hay usuarios que tienen características especiales y sus necesidades están por cubrir». En cuanto al incremento de la plantilla, se mostró rotundo: «la plantilla actual no se ajusta en absoluto a las necesidades». Ambas peticiones se pueden cubrir, «porque los recursos existen. Espero verlos en el borrador de presupuestos».
Por su parte, la presidenta del comité de empresa del ERA, Beatriz Fernández, agradeció las muestras de apoyo de políticos y compañeros y aseguró que «no saldremos de aquí hasta que no nos llamen para firmar el acuerdo». Fernández insistió en que, aunque desde Bienestar no se quiera hablar de «peligrosidad en el cuidado de mayores», lo cierto es que «de las 190 agresiones que se registraron en Asturias el año pasado, 90 fueron en el ERA. Y este año ya hemos duplicado». Explicó que «no tiene sentido que los compañeros que trabajan en las residencias del Principado para personas con discapacidad psíquica sí cobren ese plus y, cuando esos usuarios cumplen 55, pasen a residir en el ERA y a nosotros no nos lo paguen».
Respecto al plus de modelo de cuidado de larga duración, que la Consejería asegura que paga desde enero pasado a los trabajadores del ERA, 50 euros al mes, para no incluir el término peligrosidad, Fernández insistió en que «no tiene nada que ver. Ese fue un plus para adaptarnos al nuevo modelo de larga duración».
Sobre la plantilla, también replica el comité a las palabras de la consejería, que hablan de 500 nuevos contratos este año. «Más de 200 son contratos fijos-discontinuos y están para cubrir bajas. Queremos que se aumenten los mínimos en cada turno».
Tras cumplir cinco días de encierro, el comité hizo gala de la unanimidad en la acción sindical, ya que no hay fisuras entre los sindicatos que lo conforman: CSI (5 representantes), CC OO (5), CSIF (5), UGT (4), USAE (4), SAIF (1) y Cemtsatse (1).
No es la única brecha abierta que tiene la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Mientras a las 11 se manifestaban los trabajadores del ERA ante la sede del organismo, en apoyo al encierro del comité, a las 12 miembros de la misma plantilla lo hacían ante la sede de la consejería, en protesta «por el impago del servicio de transporte a los centros de día». Afirman que «se ha sacado un pliego a concurso que dejaría en el paro a todos los trabajadores actuales», además de asegurar que «el ERA cobra el servicio, pero no lo paga a las empresas».
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