ANA MORIYÓN FERNANDO DEL BUSTO
OVIEDO.
Jueves, 27 de enero 2022, 00:57
La oposición en bloque, sin fisuras, como no es habitual que se posicione en la Junta General, reprobó ayer al consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica. Pidió además su dimisión por su «irrelevancia y falta de peso político», «inmovilismo», «carencia de ideas», «incapacidad ... manifiesta», «nefasta gestión» y un sinfín de argumentos con los que, uno por uno, todos los partidos de la oposición quisieron desacreditar su labor en un pleno monográfico sobre la industria asturiana, y en particular sobre la situación de la planta de Alu Ibérica.
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Se trata de la primera reprobación a un miembro del Consejo de Gobierno de Adrián Barbón que sale adelante, pero no la única registrada en lo que va de legislatura, ni la última, según deslizó en su discurso el secretario general del PP, Álvaro Queipo. En septiembre de 2020 se llevó a Pleno una iniciativa similar para desaprobar la gestión de la entonces titular de Educación, Carmen Suárez, pero en aquel momento las formaciones de la izquierda, no solo el PSOE, también Podemos e IU, salieron a su rescate. Aún así, el nivel de confrontación que la exconsejera mantenía con la plantilla docente hizo que nada más acabar el curso escolar fuera relevada por Lydia Espina.
Con el consejero de Industria no ha habido tantos miramientos por parte de los grupos de la izquierda. Solo el PSOE le cubrió ayer las espaldas. Izquierda Unida, socio prioritario del Gobierno regional y con quien mantiene un acuerdo de investidura, rompió hace ya mucho las relaciones con esta consejería y fue uno de los grupos políticos que propusieron la reprobación de su titular «por la nefasta gestión de su departamento y, de forma especial, en Alu Ibérica». La portavoz de IU, Ángela Vallina, fue más allá y llegó referirse al consejero como principal obstáculo en la relación entre la coalición y el Gobierno. En la misma línea, desde Podemos se reprochó a Enrique Fernández «la ausencia clarísima de política industrial», su «manifiesta incapacidad de retener un sector estratégico como es la producción del aluminio» y su «falta de implicación política».
Ante este tipo de críticas, y mucho peores de la mano de los grupos de la derecha, al PSOE y al propio consejero solo les quedó tratar de echar balones fuera. Fernández defendió su gestión y recordó las competencias limitadas de su departamento, responsabilizando de la crítica situación de la plantilla a Alcoa para, a renglón seguido, pedir a la oposición que «no le hagan el juego sucio y el caldo gordo a la multinacional». El diputado socialista René Suárez atribuyó la reprobación a una búsqueda de «rédito político» por parte de la oposición, defendió el papel reivindicativo frente al Gobierno central de la consejería para trata de salvar los puestos de trabajo, pero recordando igualmente a Podemos e IU que sus formaciones también tiene voz y voto en el Consejo de Ministros. Incluso se intentó dar donde más duele a la coalición, afeando que alineara su voto al de la extrema derecha. Nada de esto impidió que saliera adelante en la Junta una reprobación que, si bien no tiene consecuencias vinculantes, sí pone en el foco a la figura de Enrique Fernández, diputado socialista y miembro de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, además de miembro del núcleo central del «sanchismo» en Asturias.
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El PP cree que el Gobierno de Adrián Barbón le está usando «de escudo humano», por lo que el diputado popular Álvaro Queipo le invitaba a dimitir «porque de no hacerlo probablemente terminará cesado, y él lo sabe». Para los populares su actuación con Alu Ibérica fue «negligente» e «imprudente» por sus «reiterados anuncios de inversores que generaron unas expectativas crueles en la plantilla»; mientras que Luis Fanjul, de Ciudadanos, considera que ha quedado demostrada la «irrelevancia» del consejero y la «falta de peso político» del Gobierno del Principado en la crisis de Alu Ibérica. «Fueron un convidado de piedra en este proceso», censuró.
«Por su carencia de ideas, de propuestas y de proyectos para Asturias, al consejero no le queda más salida que la dimisión o el cese», reclamó Adrián Pumares, de Foro; al tiempo que Ignacio Blanco, de Vox, le recriminó su «nefasta gestión» y su «traición a los asturianos en pro de una carrera política».
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La postura del Gobierno regional no es fácil, con su primer consejero reprobado, y una política industrial puesta en tela de juicio incluso por sus propios socios de investidura. Pero lo cierto es que Barbón ya ha adoptado medidas drásticas en esta consejería con el objeto de reconducir su situación, empezando por el cese el pasado mes de septiembre de Rosana Prada al frente de la Dirección General de Industria, justificando el cambio por la búsqueda de un perfil más adecuado para el proceso de captación de fondos europeos. Pero también con la transformación del Instituto para el Desarrollo Empresarial del Principado de Asturias (Idepa), organismo adscrito hasta el momento a la Consejería de Industria, en una Agencia de la Ciencia, confiando su gestión al titular de Ciencia, Borja Sánchez. No faltó ayer quien se lo recordara al consejero en el Pleno, como también la falta de resultados en la Alianza por la Industria.
La Junta no solo aprobó la reprobación del consejero, también otra propuesta para pedir al Ministerio de Industria que asuma de manera temporal, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el mantenimiento de la planta de Alu Ibérica en Avilés. Reclaman que la SEPI asuma la dirección de la planta al tratarse la producción del aluminio primario una actividad «estratégica y esencial». Una propuesta aprobada por todos los grupos parlamentarios con presencia en la Junta, incluido el PSOE, y con la excepción de Vox.
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