La ola de ómicron elevó un 39% la carga de trabajo de los médicos de Primaria

Lo dice el informe 'Covid-19 en España durante 2021', que acaba de publicar la Fundación Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y que analiza la presión que está ejerciendo esta sexta ola sobre la Atención Primaria. Los cálculos se refieren al período comprendido entre el 15 de diciembre y el 14 de enero, cuando la variante ómicron se hizo predominante y los contagios se aceleraron hasta alcanzar cifras de récord.

«La plantilla de cada centro de salud debería aumentar algo más de dos profesionales de media para compensar la sobresfuerzo que ha significado la sexta ola», concluyen los analistas económicos -José Boscá, José Cano y Javier Ferri- que firman el informe. De acuerdo a esta afirmación, la Atención Primaria en Astur ias necesitaría un refuerzo de 428 profesionales.

Se atribuye la carga adicional de trabajo, fundamentalmente, a la actividad relacionada con el diagnóstico del coronavirus y a la gestión de las bajas y altas laborales de los trabajadores que se contagian. El número de ingresos por 1.000 casos ha pasado de 79 a 10. Entre los primeros meses de 2021 y finales de año, las hospitalizaciones se redujeron, por tanto, una octava parte. La mayor contagiosidad de ómicron no se tradujo en una mayor presión hospitalaria respecto a olas anteriores, pero sí en un incremento de las visitas a los centros de Primaria, que se han visto colapsados.

Los médicos de familia asumen, desde que se inició la sexta ola, cupos de más de 60 pacientes, cuando la Consejería de Salud establece 43 consultas diarios. La gestión de bajas y altas laborales llegó a ocupar un 40% de su actividad, de ahí que el Gobierno autonómico decidiera derivar su tramitación al equipo de inspección del servicio público de salud (Sespa). Esa decisión no ha conseguido aplacar el malestar de los médicos de Primaria, que, sobrepasados por la carga de trabajo y la burocracia, han emprendido una campaña de recogida de firmas para reprobar al consejero de Salud.

«Se deberían evaluar correctamente los incrementos de carga de trabajo que ocurren en situaciones de estrés pandémico, en las que el personal sanitario fijo o de refuerzo debería poder ser trasladado transitoriamente a los puestos donde exista saturación», recomienda el documento de Fedea. Sus autores proponen, para ello, planes de contingencia que permitan «reforzar eficientemente» el sistema sanitario.

«El coste de los antivacunas»

En segundo lugar, «parece sensato intensificar los incentivos de todo tipo para que los no vacunados lo hagan. Sin necesidad de coartar la libertad individual, habría que exigir pasaportes sanitarios (o pruebas diarias) para acceder a todo tipo de eventos públicos y privados en espacios cerrados, dado el coste social que generan los no vacunados». Según el finforme 'Covid-19 en España durante 2021', durante la sexta ola «los antivacunas han incrementado los contagios un 14%, las hospitalizaciones un 44%, los ingresos en UCI un 78% y las defunciones un 32%». Porcentajes que se incrementan notablmente si los cálculos de los expertos se centran en el grupo de población que va de los 30 a los 59 años.

Para aligerar la carga que soporta la sanidad pública en momentos como el actual, los expertos proponen también «reforzar la coordinación y cooperación con el sector privado, al que se podrían derivar pacientes, pruebas u hospitalizaciones». Apuntan, además, la necesidad de mecanismos «más rápidos y efectivos» para realizar pruebas diagnósticas y, en funcjón del resultado, gestionar automáticamente la baja laboral. Mecanismos que ya funcionan en Asturias.