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ÁNGELA RODRÍGUEZ
SALAS.
Viernes, 24 de febrero 2023, 01:31
La Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático se ha pronunciado favorablemente al respecto de la modificación puntual del plan general de ordenación de Salas, solicitada por el Ayuntamiento. En concreto, el consistorio planteaba los cambios para autorizar la industria extractiva 'Sofía'. ... Una actividad a la que el Principado da luz verde al «considerar ambientalmente viable» una de las alternativas de ampliación de la cantera.
La empresa Arciresa -actualmente NMR, S. L.- es titular de la concesión de explotación 'Sofía', que abarca una superficie de 37.487 metros cuadrados. De dichos terrenos afectados, una parte es, según el plan general salense, suelo no urbanizable de interés agrícola y otra suelo de interés paisajístico y forestal. Así pues, «al objeto de poder ampliar la actividad extractiva en tales terrenos», el Principado acepta la modificación propuesta por el Ayuntamiento para recalificar los suelos, convirtiéndolos en No Urbanizable de Interés Minero.
Titularidad La empresa Arciresa -actualmente NMR, S.L- es titular de la concesión 'Sofía', de 37.487 metros cuadrados.
Naturaleza del terreno Según el plan salense, el terreno afectado es Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y de Interés Paisajístico y Forestal
Alegaciones La Coordinadora Ecoloxista de Asturies alegó a la modificación del plan para ampliar la explotación
En concreto, serán los terrenos situados al Este del Núcleo Rural de La Curriquera -que cuentan actualmente con la clasificación de suelo no urbanizable en categoría de Interés Paisajístico y Forestal y Agrícola- los que cambiarán su naturaleza, y hacia los que se ampliará la explotación minera de arcillas.
«El análisis técnico del expediente muestra que el ámbito de la modificación no afecta a espacios naturales protegidos, ni presenta unos valores ambientales especialmente relevantes que pudieran resultar afectados», asegura la resolución del Principado, que incluye las consultas favorables de administraciones públicas como la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, la Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias, y la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación. La Dirección General de Cultura y Patrimonio, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tampoco informan desfavorablemente.
Quien sí discute la idoneidad del proyecto, y hasta su legalidad, es la Coordinadora Ecoloxista de Asturies «que se centran en cuestiones relativas a la calidad del aire, acústica, del agua, del suelo y del entorno natural» entre otros aspectos.
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