«Queremos cobrar lo que nos deben y saber si la planta de purines tiene futuro»

En total, los 14 empleados calculan que han dejado de percibir una media de 8.000 euros lo que ha provocado la angustia de las familias que no pueden afrontar los gastos cotidianos. «La planta se presentó como un proyecto de futuro para cumplir con la normativa medioambiental europea. Ahora no sabemos los planes», señaló Antonio Estévez, portavoz y representante de la Corriente Sindical de Izquierda. «Algunos han tenido que recurrir casi a técnicas de mendicidad». «Subsistimos como podemos» declaró uno de los trabajadores, que prefiere no dar su nombre.

El regidor Ignacio García Palacios los recibió en el Ayuntamiento para ofrecerles su apoyo y dar cuenta de las últimas conversaciones que ha mantenido con el Consejo de Administración de la firma. «La semana que viene esto tiene que estar resuelto», subrayó el primer edil, quien achaca esta crisis a la «mala gestión» de los responsables. «Era todo tan caótico que nunca llegaron a recibir ayudas públicas», puntualizó.

Según García Palacios, en los últimos meses varios inversores se han mostrado interesados en el proyecto, pero precisamente ese «caos» administrativo los ha echado para atrás. Cree que la solución llegará de la mano de Central Lechera Asturiana, que posee un 25% de la sociedad, y que sí ha mostrado un «verdadero interés» en su continuidad. «El resto están casi en la posición de salida», añadió.

Los sindicatos han pedido a los socios que «cumplan con sus obligaciones». La más inmediata, el pago de las nóminas pendientes, pero también está sobre la mesa la propia supervivencia de la planta, que en la actualidad no recoge purines. Esta misma semana, Biogastur explicaba en un comunicado que esto se debía a un fallo técnico provocado por la «acumulación de arena contenida en algunas de las partidas suministradas». Según el escrito, este hecho terminó por complicar aún más el ya delicado estado de sus cuentas.

Son muchos los damnificados. Los ganaderos se encuentran en una encrucijada al no saber qué hacer con sus residuos y varios proveedores denuncian impagos. En declaraciones a EL COMERCIO, el propietario de la empresa de transportes Servicargo afirma que tuvo que cerrar su negocio en marzo y despedir a sus 16 empleados porque le adeudan cerca de 400.000 euros. «Nos encargábamos de recoger el purín y hubiésemos seguido si pagasen. Ahora no lo coge nadie», asegura.

Los trabajadores dan de plazo hasta el miércoles para ver resultados. De lo contrario, seguirán con las movilizaciones.