Los promotores de la mina de Salave acusan al Principado de «contradecirse»

El último episodio en esta historia lo protagonizó Nieves Roqueñí, en el que fue su día de despedida como consejera de Transición Ecológica. Tratando de dejar cerrados temas a su sucesora, firmó una resolución que declaraba terminada una evaluación ambiental del proyecto formalmente iniciada en 2021; lo hacía considerando la mina «inviable» dado el rechazo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego a modificar su planeamiento para darle los permisos urbanísticos. La resolución evitaba pronunciarse sobre el impacto ambiental de la explotación o las medidas correctoras que propone EMC.

«Esta decisión contradice decisiones adoptadas anteriormente por la citada consejería», recrimina EMC. Lo hace amparándose en la declaración de impacto ambiental concedida por Transición Ecológica en septiembre de 2023 al proyecto de explotación de escombreras asociadas al Grupo Minero Cutrífera en Moreda de Arriba (Aller). Aquella resolución, también firmada por Roqueñí, reconoce que a la vista de los informes remitidos por el ayuntamiento y la Comisión de Ordenación (CUOTA) «se considera que el proyecto en los términos en los que está planteado es inviable por la existencia de incompatibilidad urbanística en los terrenos en los que se pretende llevar a cabo». Sin embargo y a pesar de esas trabas, el departamento sí que entró en el fondo de la cuestión, valoró el proyecto desde un punto de vista ambiental y le concedió su autorización.

Según justificaba entonces la resolución «no es objeto de la declaración de impacto ambiental abordar cuestiones urbanísticas dado que los argumentos han de ser de tipo ambiental». La declaración –insistía la consejería de Roqueñí– «es el pronunciamiento del órgano ambiental que determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y en su caso fijará las condiciones que debe realizarse en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales».

EMC sostiene que ese ha sido el criterio habitual hasta ahora: «En las declaraciones de impacto ambiental positivas emitidas en otros muchos proyectos mineros siempre se destaca la viabilidad ambiental del proyecto y se supedita a que se tramite la modificación puntual» del planeamiento. EMC recuerda que el rechazo del Ayuntamiento de Tapia a proceder a ese cambio urbanístico lo tiene recurrido ante el TSJA y por tanto la decisión del consistorio «no es firme».

La empresa ha remitido estas consideraciones a Sekuens, de la que se espera un pronunciamiento sobre si cumple las condiciones de los PIER en las próximas semanas.