Piden prisión para Simón Guardado, exalcalde de Valdés, por un delito contra la integridad moral

El Ministerio Fiscal sostiene en el año 2012, el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, contaba con dos Unidades de Trabajo Social, una para la zona de Trevías, siendo una de las trabajadoras acusadas la responsable de la misma, y otra para la zona de Luarca. En este Centro Municipal existía una tercera trabajadora social, que se encargaba de los programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como de todo lo relacionado con la ayuda a domicilio.

Por aquel entonces, el educador social trabajaba en este centro en el Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia, que debía ser desempeñado junto a las trabajadoras sociales de las UTS, así como en el Programa de Incorporación Social, estando bajo su responsabilidad la gestión, tramitación y elaboración de informes relacionados con inmigrantes.

La Fiscalía relata que las trabajadoras sociales se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social o la relativa a posibles situaciones de desprotección de menores, impidiendo el desempeño de sus funciones en el Programa de Familia, Infancia y Adolescencia. Ante esta situación, el educador presentó varios escritos de queja en el ayuntamiento que concluyeron con una amonestación a las tres trabajadoras sociales.

En octubre de 2013, la entonces concejala delegada en la materia, M.C.R., estableció un nuevo organigrama de Servicios Sociales y empezó a reunirse con las tres acusadas, sin trasladar la información al educador social para que pudiera desempeñar sus funciones.

El educador presentó nuevos escritos de queja donde afirmaba que esta situación ocasionaba irregularidades tales como la paralización en la tramitación de expedientes, la existencia de solicitudes incompletas, así como su exclusión de las reuniones técnicas, solicitando la adopción de medidas para poner fin a su aislamiento laboral.

Ese mismo mes causó baja laboral y la concejala requirió a la Policía Local de Valdés para acceder al despacho del educador social y sacar del mismo todos los expedientes que no le fueron devueltos cuando se reincorporó a su trabajo en enero de 2014.

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento y responsable último del centro municipal, tuvo conocimiento pleno de la situación en que se hallaba el educador social, tanto por el cargo que desempeñaba como por los escritos que recibió del perjudicado, comunicándole la situación y solicitando la adopción de medidas para ponerle fin, pese a lo cual no contestó a los requerimientos y no adoptó media alguna, contribuyendo a incrementar el padecimiento del perjudicado y a su perpetuación en el tiempo.

La Fiscalía, por tanto, considera todos estos hechos constitutivos de un delito contra la integridad moral. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.