El Principado incumplió el déficit al hacer la AS-II con el sistema que rechaza para la AS-12

El esquema difiere al anunciado por los anteriores consejeros Fernando Lastra y Benigno Fernández Fano. Con ellos, en marzo de 2019 se inició el expediente para dedicar 547.291 euros a la redacción del estudio económico que debía sustentar una operación mayor: la concesión de un «acondicionamiento general» de 67 kilómetros entre Grandas de Salime y Navia. La mejora se estimaba en 180 millones, lo que es un esfuerzo inferior por kilómetro, de 2,68 millones. Los pliegos insisten en que confiar la obra a una constructora y pagarle a plazos «transfiere al sector privado los riesgos de construcción y disponibilidad».

En mayo de 2019 el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a encargar los estudios de la posible concesión, fórmula que a la larga encarece la factura, pues además de la obra y el beneficio industrial, la administración acaba compensando los costes financieros. Cinco ingenierías se postularon y en octubre, con el cambio de Gobierno, los técnicos pararon el concurso. Formalmente aducían que había un Plan Demográfico 2017-2027 y que mejor era esperar a sus estudios para definir si la obra era viable o no.

Existe otra experiencia previa que pesaba en contra. La Intervención General del Estado aclara en España cómo se anotan estos contratos en la contabilidad. En 2015 y tras conversaciones con la Comisión Europea, cambió de criterio y estimó que prácticamente todos deben anotarse desde su adjudicación como deuda de la administración, indican fuentes del Ejecutivo regional.

El nuevo criterio repercutió en el Principado. En 2005 adjudicó la construcción de la AS-II a Viastur como el peaje en sombra. El contrato explicita que la empresa asume el riesgo de construcción, la financia y luego pasa una factura anual en función del tráfico. Pese a que textualmente la parte privada asumía esos riesgos, la Intervención General del Estado obligó al Principado a anotar dentro de su deuda el coste de la AS-II aún pendiente de amortizar. La deuda autonómica creció de golpe en 113,6 millones, lo que supuso incumplir los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. En total doce comunidades ampliaron su deuda ese año en 8.900 millones al tener que incorporar los contratos de concesión que tenían en vigor.

Las concesiones perdieron así su utilidad, insisten en el Principado. Servían para que la constructora adelantara un dinero que no sumaba déficit, ventaja que el nuevo criterio habría anulado.