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El proyecto para abrir una mina subterránea de oro en Salave (Tapia) sigue dando vueltas y mostrando diferencias de criterio entre los ... socialistas. El 13 de febrero, en su último día como consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí firmó la resolución que archiva el expediente ambiental para examinar el proyecto. El promotor, EMC, solicitó los permisos en julio de 2021, y su propuesta fue sometida a información pública en noviembre de ese año. Tres años largos después el decreto de archivo concluyó que «en este momento el proyecto carece de la habilitación urbanística», lo cual supone «un impedimento acreditado y establece de antemano la inviabilidad de la actuación». Funda su decisión en las dos veces en las que el ayuntamiento ha rechazado hacer una modificación puntual de su planeamiento para dar acomodo a la explotación.
Pese al revés, el secretario general del SOMA-Fitag-UGT y secretario ejecutivo de la FSA, José Luis Alperi, volvió ayer a salir en defensa del proyecto. «Creo que esto no lo hace inviable, que hay una parte que puede ir por la declaración de proyecto de interés estratégico regional (PIER)», indicó. EMC solicitó el 27 de diciembre al Consejo de Gobierno que le conceda esa calificación; la propuesta está siendo analizada por la Agencia Sekuens. Si tras recabar los informes estima que cumple los requisitos de la Ley de Proyectos Estratégicos, solicitará a la Consejería de Transición Ecológica que eleva una propuesta al Consejo de Gobierno para que se le otorgue dicha condición. Ese sello implica facilidades urbanísticas y tramitación abreviada.
Caso de no prosperar la petición «lamentablemente a la empresa le queda una vía, que es ir al Contencioso», avanzó Alperi. En estos momentos EMC tiene planteado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la decisión del Ayuntamiento de Tapia de Casariego de inadmitir la modificación puntual de su planeamiento, pero no ha emprendido acciones contra las decisiones del Principado. El plazo para recurrir al TSJA el archivo del expediente ambiental o asumirlo expira en abril.
En esa tesitura el secretario general de SOMA instó al Principado a «sentarse y tratar con más tranquilidad, sosiego y, me atrevo a decir, un poco de cariño, a este proyecto».
La propuesta de EMC incluye la inversión de 100 millones en año y medio y la generación de entre 150 y 200 empleos directos. «Es un proyecto viable que de no ser porque está donde está, en cualquier otra comunidad autónoma estarían peleándose por desarrollarlo», sostuvo Alperi.
«Estamos en un momento en el que hay que tener una política minera sostenible y creemos que este proyecto al aplicar las mejores técnicas disponibles y respetar el ecosistema, puede convivir con el territorio y ayudar a fijar población», argumentó el líder minero.
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