La futura mina de Salave divide a Tapia

Los colectivos a favor y en contra dejan ahora la pelota en el despacho del presidente del Principado, Adrián Barbón. Donde ambas partes han solicitado audiencia para expresar sus temores. Los miedos de quienes la rechazan son «los enormes impactos negativos que la explotación acarrearía sobre las diferentes actividades económicas y sociales y sobre el medioambiente de la comarca». Y los que están a favor del proyecto temen «que la visión de una minoría vecinal termine por imponer una visión sesgada sobre la realidad social de nuestra tierra, que pueda afectar al trabajo de los técnicos de la Administración autonómica».

En cualquier caso, la complejidad técnica del proyecto es equiparable a la social. Los afectados por el proyecto se han reunido bajo un manifiesto y buscado la implicación de los alcaldes. En total, son más de ochenta grupos y asociaciones sectoriales y profesionales de la pesca, ganadería, agricultura, turismo y hostelería. Entre otros, las federaciones nacional y regional de cofradías de pescadores (además de la de Lugo), la Federación de Surf de España y la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias (AMCA).

Del otro lado, la Asociación por la reindustrialización del Occidente asturiano (Idoa), asegura agrupar también perfiles vinculados a la ganadería, agricultura, pesca, turismo y sanidad, entre otros. «Reiteramos que el futuro del occidente pasa por la reindustrialización y creemos que el rechazo frontal, sin matices, a cualquier proyecto sólo conllevará mayor daño a nuestra tierra», defiende el colectivo.

Los puestos de trabajo que puede atraer, frente a los muchos que puede destruir, según enfatizan los detractores de la mina de oro, son centro del debate. También la posición del Ayuntamiento de Tapia, clave de la ecuación. Y es que para autorizarse la mina debería modificarse el plan general de ordenación municipal; algo que, según los informes técnicos y jurídicos, no es posible. La anterior regidora, socialista, aclaró que la explotación es «incompatible» con el plan general dada la protección y calificación de los terrenos. El actual alcalde, del PP, defiende la misma tesis.