La Fiscalía pide una multa de 20 millones a Orovalle por vertidos contaminantes al río Cauxa

Según el escrito de conclusiones provisionales, de febrero de 2020, «la masa de agua que conforma el río Cauxa, a su paso por la zona de influencia de las instalaciones mineras que se desarrollan al menos desde el año 2005 en El Valle-Boinás, soporta la emisión de una serie de vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas y que no se encuentran amparadas en ninguna autorización de vertido».

Según recoge el escrito de la Fiscalía, en noviembre de 2012, la Guardería Fluvial solicitó el seguimiento de los vertidos. La concentración de selenio superaba la norma de calidad ambiental en 39 de las 50 muestras. Pero «no se trataba de una circunstancia ocasional, sino que se mantenía en el tiempo durante la época de aguas altas, incumpliendo de forma continuada la Autorización Ambiental Integrada».

Así, en marzo de 2013 se detectaron valores superiores para cobre, cadmio, cianuros, arsénico y, en particular, selenio. Entre mayo y agosto de 2014, los valores de selenio, cobre y arsénico, y, en menor medida, los de cadmio y níquel, sobrepasaron los límites contenidos en la autorización vigente. Entre abril de 2015 y septiembre de 2016, las analíticas constatan que las aguas de río Cauxa, debajo de los vertidos de la mina, incumplen la norma de calidad ambiental de selenio. Los tres vertidos contienen selenio habitualmente, sin que dispongan de autorización para ello y aportan una carga contaminante anual de este elemento cuatro veces superior a la que actualmente permite la ley. En el caso del arsénico, la carga supera el doble de lo admitido. Entre los puntos de vertido 2 y 3 y el punto 1, se han detectado valores de sustancias peligrosas que «provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España S.L.», recoge el documento del ministerio público.

Todo ello, subraya la Fiscalía, supone «un daño grave para el medio ambiente, dado que la normativa, así como varios estudios científicos, advierten de que el selenio es una sustancia tóxica, bioacumulable y persistente en el medio».

Según el ministerio fiscal, la compañía minera «conocía plenamente esas emisiones, no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes sancionadores a la mercantil. Los dos primeros finalizaron con resoluciones sancionadoras. El tercero se encuentra suspendido por prejudicialidad penal».

Orovalle asegura haber acreditado que «no se ha producido ningún daño medioambiental». Además, confía en su libre absolución, «considerando la solidez de los argumentos jurídicos y pruebas presentadas». La vista oral tendrá lugar el 1 de marzo, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.