Los afectados de la mina de Salave piden a los alcaldes que «frenen juntos la amenaza»

«Les pedimos que trabajen por solucionarlo de una vez y dejar de tener esta amenaza. Esta mina tendría un coste social, ambiental y económico muy grande. Pedimos una solución y que trabajen juntos, que no haya partidismos en esto», añadió Cando, junto a una amplia representación del sector pesquero. Entre otros, los patrones de las cofradías de Luarca, Puerto de Vega y Ortiguera.

La reunión, a puerta cerrada, contó con nuevos regidores -Tapia y Navia-, no así con nuevas posturas. Pedro Fernández aseguró que el gobierno tapiego «mantendrá la misma postura que tenía hasta ahora»; con su predecesora, la socialista Ana Vigón, también presente en la reunión. Y Ana Fernández, alcaldesa de Navia, reiteró su defensa a los pescadores. «El PP de Navia ha sido claro ya en el anterior mandato. La única diferencia es que estamos en el gobierno ahora, pero tenemos la misma voluntad firme de apoyarlos en sus reivindicaciones», dijo.

Para la regidora, el futuro del noroccidente no pasa «ni por una actividad ni por otra que implique un perjuicio para los intereses y actividad de los pescadores». Más rotundo fue su homólogo tapiego, que avaló la resolución de Alcaldía de Vigón, en la que se afirmaba que la mina no tenía cabida en Tapia. «Me reuní con el abogado que hizo el informe en el que se basa la resolución de Alcaldía, y dice que vamos bien por esta ruta. El informe fue hecho por un muy buen experto abogado», aseguró.

Vigón, a quien los afectados por el proyecto minero reconocieron «la valentía» de posicionarse a cinco días de las elecciones municipales de mayo- pidió al nuevo gobierno «sensibilidad con los sectores productivos que son la base de la economía de Tapia» y «que no hagan nada que los ponga en peligro». La socialista firmó una resolución de alcaldía en la que inadmitía las solicitudes de Exploraciones Mineras del Cantábrico para modificar el PGOU y cambiar la categorización de los terrenos.