Lidia Álvarez
Miércoles, 28 de septiembre 2016, 00:19
Ni los Ayuntamientos ni las parroquias rurales comprendidos dentro del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias podrán recibir las subvenciones que se están tramitando en estos momentos desde la Dirección General de Recursos Naturales. La advertencia la lanzaba ayer la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, en la Junta General. La responsable regional señalaba que las bases exigen que el espacio natural disponga de un instrumento de gestión y «el de Fuentes -apostilló- está anulado».
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La mayor parte de la comparecencia, solicitada por Foro, trató de hecho de la anulación por segunda vez por parte de los tribunales del decreto que aprobaba el Instrumento de Gestión Integrado (IGI) del parque, «una herramienta imprescindible para el trabajo diario, no solo de la administración, sino también de los vecinos», sostuvo Álvarez. Tras la primera sentencia conocida en mayo, en la que se estimaban los recursos presentados por los propietarios de terrenos comprendidos en el parque, la consejería no recurrió el fallo, que ya es firme, y se encuentra trabajando en la redacción de una nueva memoria económica «al considerar la Justicia que la que contenía era insuficiente».
El informe, con un presupuesto de 20.800 euros, será realizado por la Universidad de Oviedo a través del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), que se encargará de redactar una nueva memoria «sobre las consecuencias que la declaración de parque pueda suponer a los titulares de bienes y derechos».
Mientras tanto, añadió la consejera, «mantendremos la gestión diaria, procurando que la ausencia de IGI no repercuta negativamente en quienes viven y trabajan en el territorio del parque y, aunque seguiremos invirtiendo en el espacio protegido, es de señalar que ni los ayuntamiento ni las parroquias rurales podrán recibir las subvenciones mencionadas».
«Vacío legal»
Especialmente críticos con todo el proceso de aprobación del instrumento de gestión fueron los portavoces parlamentarios de Foro y Partido Popular. El diputado del PP Carlos José Suárez señaló que el Principado «creía que podía engañar a la gente, pero no puede engañar a los tribunales, provocando un vacío legal con repercusiones económicas para la comarca».
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La parlamentaria María del Carmen Fernández, de Foro, indicó, por su parte, que no solo el IGI de Fuentes del Narcea, sino el de multitud de espacios protegidos de la región, fueron aprobados «sin incluir inversiones de ningún tipo en los mismos, ni tampoco las debidas compensaciones a los titulares de derechos afectados, cuestión que evidencia que todos adolecen de los mismos vicios y son tan ilegales como éste, con la única diferencia de que no han sido objeto de conocimiento y fallo por un juez».
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