Lidia Álvarez
Sábado, 18 de julio 2015, 01:34
La formación Somos Tineo anunció ayer que ha enviado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la posibilidad de que el Ayuntamiento «haya incurrido en algún tipo de delito o falta en relación a la contratación tanto de varias obras como de personal».
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2008. Somos Tineo fundamenta sus indicios en el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas en 2010 sobre el ejercicio 2008, en el que se advierte de contrataciones por encima del importe establecido para contratos menores y posibles irregularidades en los procedimientos de adjudicación.
Los indicios estarían fundamentados en un informe emitido por la Sindicatura de Cuentas en 2008 que analizaba las causas por las que tanto el Consistorio tinetense, como los de Grado, San Martín del Rey Aurelio y Lena no habían rendido cuentas o no lo habían hecho a tiempo.
Según el concejal de Somos, Roberto Menéndez Arnaldo, el documento emitido por la Sindicatura «es demoledor y arroja luz sobre varios aspectos del funcionamiento del Ayuntamiento con mayoría absoluta del PSOE».
El informe recoge que, durante el ejercicio 2008, el Ayuntamiento celebró «cuatro contratos por importe superior al establecido para los contratos menores, con un importe total de adjudicación de 4,7 millones de euros». Las obras a la que hace referencia son las incluidas en el proyecto de urbanización del sector 1, fase III, del polígono de La Curiscada, el segregado número 2 de la fase II, la ejecución de las obras de ampliación del Centro de Promoción Empresarial de Tineo, así como la contratación de la dirección facultativa y coordinación de seguridad de la urbanización del sector 1, fase III.
Entre las posibles irregularidades, Somos Tineo destaca que no se justifica adecuadamente en los expedientes la elección del procedimiento y de los criterios, que no consta la aprobación de los proyectos de obra conforme a la ley de Contratación Pública y que los criterios de adjudicación carecen de objetividad.
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Además pide que se revisen algunas facturas «para cerciorarnos de que los fraccionamientos cumplan con la legalidad vigente» y que se examinen cuestiones relativas a la contratación de personal.
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