Nuevo gobierno del Principado: los puntos clave del acuerdo

El área de Derechos Ciudadanos controlará temas como memoria histórica y la protección del colectivo LGTBi, quedando fuera de ella las competencias de Derechos Sociales y Bienestar, cartera que seguirá bajo gestión del ala socialista del Ejecutivo. Además de ello, el preacuerdo, que será sometido a votación de la militancia de la FSA el próximo miércoles, lleva asociados una serie de compromisos de legislatura.

Entre los compromisos concretos que incluye el documento figura la creación de «una red de escuelas de 0 a 3 años de gestión autonómica y carácter público». En tanto se extiende dicha red se buscarán fórmulas para alcanzar la gratuidad de las guarderías el curso 2024-2025. Para facilitar la conciliación, las formaciones se comprometen también a aumentar «la oferta de comedores y de actividades extraescolares en los centros educativos favoreciendo su extensión gradual a los Institutos».

Aunque IU no asuma esta vez la competencia de Bienestar Social, sí se ha asegurado de reflejar en el documento su prioridad por agilizar la tramitación en dicha consejería: «Abordaremos un cambio estructural en la organización y funcionamiento del Sistema Asturiano de Servicios Sociales que garantice su universalidad y le dote de agilidad administrativa». El cambio se blindaría con «la Ley de Servicios Sociales que profundizará en la eliminación de cargas burocráticas y en la agilidad en el acceso a derechos y prestaciones».

El documento adelanta un incremento del parque de vivienda pública y resuelve uno de los conflictos que separaban a Convocatoria e IU: la Ley de Calidad Ambiental. La coalición de izquierdas llevaba en su programa derogarla pero, asumió que con tres diputados debía rebajar sus expectativas. Finalmente el texto se limita a recoger que los partidos negociarán el futuro desarrollo reglamentario de la norma y crearán una unidad técnica de apoyo a los ayuntamientos para facilitarles la supervisión de las nuevas figuras de control ambiental de la ley.

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El preacuerdo también previene futuras piedras en el camino. En anteriores coaliciones fue una fuente de enfrentamiento la gestión de los residuos, para la que los socialistas proponían una incineradora como instalación finalista. La fuerza de IU en otras legislaturas llevó a un Plan de Residuos que ahora toca renovar, lo que pasa por abrir el debate de si toca incorporar nuevos sistemas de procesado de basura. Las partes se comprometen a consensuar el nuevo plan 2025-2030 evaluando «la necesidad de infraestructuras adicionales de instalación de residuos», aclarando dónde se pondrían y cuál sería su capacidad.

Entre los asuntos clásicos que no faltan en el texto está la apuesta compartida por las políticas de impulso demográfico, mantener la concertación social (sin referencia explícita a la recuperación del Consejo Económico y Social), la modernización del Servicio Público de Empleo y la apuesta por la formación profesional. Sigue en la agenda legislativa compartida elaborar un borrador específico para los Proyectos Estratégicos, de forma que les facilite la tramitación.

El acuerdo llega en un momento donde PP y Vox están incrementando su poder autonómico y local en todo el país. Frente a algunas de las medidas que vienen impulsando, el texto de socialistas e IU declara a Asturias «territorio libre de censura, donde se fomentará la libertad de expresión», se reafirma «el compromiso con la cultura y lengua asturiana», incluyendo la «adaptación y reforma de Ley de Uso y Promoción del asturiano».

Los firmantes se comprometen a desarrollar los órganos contemplados en la Ley de Memoria Democrática del Principado, «como el Consejo de Memoria y el servicio para el Instituto de la Memoria Democrática». También y con el apoyo de los colectivos memoralistas se «promoverá la creación de actividades complementarias para los centros educativos».