Un nuevo Gobierno asturiano con un perfil más económico y político

Como avanzó este diario el pasado día 24, Barbón tiene decidido acometer esta reestructuración para afrontar el segundo tramo de la legislatura. Dos años por delante cargado de importantes desafíos a los que se enfrenta Asturias. Por un lado, la recuperación de una región, golpeada por la covid que ha dejado una dura crisis social y económica. Por otro, la redifinición de una región que debe reiventarse con motivo de la transición ecológica que está en marcha y que, a su vez, trae consigo un proceso de reindustrialización, así como la lucha contra un despoblamiento que amenaza con convertir una parte de Asturias (especialmente el suroccidente) en un desierto demográfico.

Junto a estos retos, la región también afronta otro tipo de desafíos a corto plazo, como es la reforma de la Administración y del Sector Público. También abrir el proceso de modificación del Estatuto de Autonomía, con el fin de dotar a Asturias de mayor capacidad de autogobierno y de incluir en el nuevo texto la oficialidad del asturiano, una de las promesas electorales, esta última, de Adrián Barbón.

Son todos grandes retos que el Gobierno autonómico debe afrontar a corto plazo y, para ello, el presidente quiere reforzar su Ejecutivo. El presidente quiere imprimir un perfil más económico a su nuevo equipo, consciente de que la recuperación de la región es el objetivo prioritario a corto plazo. También busca diseñar un gabinete con mayor tinte político. Primero, porque son muchas las decisiones que deberán tomarse en los próximos años para la acción de gobierno y, después, porque la situación política del país requerirá de un mayor posicionamiento político del Ejecutivo. «En dos años habrá elecciones y, lógicamente, Barbón lo tiene en cuenta», apuntan fuentes próximas al presidente del Principado y secretario general de la FSA.

Adrián Barbón tiene decidido desde hace semanas la reestructuración, según ha podido saber EL COMERCIO. Entiende que el desgaste que está produciendo la pandemia en la sociedad, en general, y en áreas de gobierno, en particular, obliga a buscar un revulsivo, a imprimir una marcha más en su acción de gobierno para revitalizar la región.

En estos momentos, este proceso de reestructuración sigue en fase de «reflexión», apuntan algunas fuentes. No será inmediato. Se apunta finales de junio o mediados de julio, siendo esta última opción la que en esta semana más fuerza está cobrando. No obstante, hay otras fuentes a que apuntan al 20 de julio como el día en el que el presidente puede anunciar su cambio de Gobierno. Barbón da mucha importancia al simbolismo -prometió el cargo sobre una réplica de la Constitución de 1978 que fue propiedad del diputado socialista en la Cortes constituyentes Emilio Barbón, por ejemplo- y el 20 de julio lo tiene: es exactamente el día en el que hace dos años tomó posesión del cargo.

Como ya avanzó EL COMERCIO el pasado lunes, la reestructuración afectará a relevos al frente de consejerías y cambios en áreas. La de Educación será donde se centren buena parte de estas modificaciones, que afectarían directamente a la titular de la misma, Carmen Suárez, muy criticada por los sindicatos, partidos políticos -hasta en dos ocasiones este año se ha enfrentado a una reprobación en la Junta que no salió adelante merced a los votos de PSOE, Podemos e IU- y el resto de colectivos educativos. En esta consejería los cambios podrían afectar a más departamentos.

También habrá cambios de áreas, asumiendo consejerías algunas competencias que hasta ahora dependían de otras. En el nuevo organigrama del Gobierno ganará más peso la Consejería de Ciencia.

Barbón medita dotar a este departamento, que dirige el consejero Borja Sánchez, algunas competencias que en estos momentos están en manos de Industria. Ciencia pasará a controlar la futura Agencia de Ciencia y hay quien apunta, aunque otras fuentes no lo dan por hecho, que este nuevo organismo estaría ligado al Idepa, que además de la captación de inversiones también canalizará todos aquellos proyectos de I+D+i que puedan ser objeto de financiación pública.