«Nueve años después, no se sabe el agujero del 'caso Renedo'», critica Ciudadanos

Hace nueve años que arrancó la investigación judicial del 'caso Renedo', pesquisa que destapó una trama de corrupción en el Principado. Pero, a día de hoy, «aún no se sabe a cuánto asciende lo malversado». Lo lamentó Ignacio Prendes, diputado nacional de Ciudadanos, quien entiende que «el reintegro de los fondos públicos debería ser la primera misión de todo político, pero es una misión hoy difícil y compleja porque alguien hizo dejación de funciones durante estos años».

Se refería así a la tardanza en cuantificar los perjuicios sufridos en la Consejería de Educación. Con la investigación judicial cerrada el Principado presentó un informe que estimaba en cuatro millones el dinero pagado a Igrafo y APSA por muebles que no fueron localizados en los colegios e institutos donde se suponía habían sido suministrados. La Audiencia Provincial y la Fiscalía rechazaron incorporar dicho documento dentro de la parte de la trama juzgada en 2017 y que acaba de recibir la sentencia del Tribunal Supremo.

«Era un magro informe, centrado solo en el último año y medio del consejero José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero. Imagínense cuánto puede ser la malversación total si se hubiera hecho con rigor e intención de llegar al fondo del asunto», planteó el diputado, al tiempo que recordaba que ambos directivos estuvieron al frente de Educación desde 2003. El único proceso en fase ejecutiva en lo tocante a recuperar el dinero es el que sigue el Tribunal de Cuentas contra Marta Renedo, a la que condenó a devolver 1,5 millones tras analizar los contratos sospechosos localizados por la comisión parlamentaria de investigación. Se trata de un proceso que se inició «a pesar del Principado; el presidente Javier Fernández se opuso a llevarlo al Tribunal de Cuentas», recordó el diputado.

La formación pasa así a la ofensiva parlamentaria e interpelarán a las consejeras de Educación y Hacienda para averiguar «qué ha hecho el Gobierno para poner barreras que impidan un nuevo proceso de sustracción de fondos públicos», anunció la portavoz del partido en la Junta General, Laura Pérez Macho. La diputada entiende que «lo más importante es prevenir» nuevos casos de corrupción y se dijo «sorprendida» por las medidas anunciadas en los últimos tiempos y que estarían aún por materializar. «Están haciendo dejación de funciones con las recomendaciones del dictamen de la comisión de investigación de 2013 y también en la puesta en marcha de la Ley de Transparencia de diciembre de 2018», apuntó.

La norma preveía la creación de un registro de grupos de presión, una oficina de transparencia liderada por un jefe de servicio que tenga independencia, elaborar un plan de prevención de la corrupción, abrir un canal de denuncias y hacer un código de conducta de altos cargos. «Hay una lista interminable de cosas que se pueden hacer y sorprendentemente no se han hecho», dijo.