Las reacciones a la sentencia judicial que ordena restituir el tráfico en el 'Cascayu' del Muro y estima así el recurso interpuesto por Stop Muro no se han hecho esperar. Especialmente rotunda es la de Foro Asturias, que exige «la inmediata dimisión del concejal ... de Movilidad e ideólogo, Aurelio Martín, y del concejal de Obras y subordinado, Olmo Ron». El portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, asevera que con el fallo judicial ha quedado acreditado que «ambos actuaron de espaldas a la legalidad y mintieron a todos los gijoneses cuando afirmaron que estaban realizando actuaciones provisionales con la excusa de la pandemia».
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Foro considera que también la alcaldesa, Ana González, «debe asumir responsabilidades políticas» por lo que denominan «el secuestro del tráfico durante dos años en la zona más emblemática de Gijón». También la acusan a ella de mentir «al Pleno de la Corporación y a la ciudad asegurando que el 'cascayu' era provisional». Por ello, solicitarán su comparecencia «para que se explique». «Queremos dar la enhorabuena a todos los miembros de la plataforma de Stop Muro y expresar nuestra enorme satisfacción por este fallo judicial que esperamos se ejecute a la mayor brevedad», añaden.
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El Partido Popular también ha expresado su satisfacción por la sentencia, contra la que aún cabe recurso. «Nos alegramos de la decisión y queremos felicitar a todos los gijoneses y a la plataforma por la convicción que ha demostrado como iniciativa ciudadana», felicita Pablo González. Consideran los populares que este fallo será «seguramente el primero de muchos» y que «confirma que ante la imposición de los gobiernos, los ciudadanos pueden y deben defenderse con todas las herramientas democráticas a su alcance». También ellos instan al equipo de gobierno a «cumplir de forma inmediata con esta sentencia y asumir sus responsabilidades».
«El plan de movilidad, al igual que el Muro, y la ordenanza de movilidad recurrida, serán solo un mal recuerdo del peor gobierno de esta ciudad», confían. Pedirán la reprobación del concejal en el próximo Pleno del 20 de abril. «Los gijoneses deben tener esperanza y saber que queda tan sólo un año para que la sensatez y el respeto vuelvan a la política municipal de la ciudad», concluyen.
Ante la «contundencia» del fallo, estima por su parte Rubén Pérez Carcedo, edil de Ciudadanos, «ya no cabe parapetarse en ningún informe municipal ni en la pandemia: la sentencia es clara y viene a confirmar la ilegalidad de las obras del Muro, tal y como algunos llevamos sosteniendo desde que la hicieron». Lamentan que el gobierno municipal «hiciera oídos sordos a todas las advertencias y obligara a la ciudadanía a acudir una vez más a los tribunales para defender sus derechos». Exigen «la restitución inmediata de su legalidad, abriéndolo de nuevo al tráfico en los dos sentidos de circulación y asumir las responsabilidades políticas por haber dilapidado más de 200.000 euros en una obra ilegal, a los que ahora habrá que sumar los costes de revertir la actuación». Reclaman, también, que se asuma la sentencia y «no se siga dilapidando dinero público». «No se puede seguir judicializando un asunto que responde más al empecinamiento y sectarismo ideológico del gobierno que al interés general y que siempre tuvo un amplio rechazo y contestación ciudadana».
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Desde Podemos-Equo, mucho más contenido en las críticas, reclaman al equipo de gobierno, «al margen de si interpondrá recurso de apelación o acatará ya esta sentencia» que tras el fracaso del Consejo Social llegue a un «consenso social de forma urgente y cree un proyecto que ilusione a la ciudad» para el paseo del Muro, que «debe estar a la altura del siglo XXI, es decir, al servicio de los peatones y contemplando la accesibilidad de todas las personas y servicios de emergencia y reparto». Sí lanza su portavoz, Laura Tuero, una advertencia: «No es posible hacer políticas urbanísticas justas que conviertan a Gijón en una ciudad sostenible si se deciden al margen de la participación ciudadana y el consenso».
Por su parte, el edil no adscrito Alberto López-Asenjo lamentó que «tenga que ser la justicia la que instaure el sentido común» ante un equipo de gobierno «sectario y radical que intenta imponer un plan de movilidad que se ve absolutamente desbaratado con esta sentencia». Asume que van a recurrir, lo que a su juicio denotaría «la falta de cintura política y de visión al no haber respetado las disposiciones vigentes». Lanza también una crítica hacia la secretaría municipal, que «parece haber realizado un ad hoc sobre la provisionalidad» y confía en que «el sentido común y el sentir de la mayoría no se vean de nuevo suplantados por el empecinamiento del equipo de gobierno».
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