La mujer de Villa, sus hijos y el constructor piden que el 'caso Hulla' sea archivado

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ya dictó el sobreseimiento provisional de la causa sobre el principal investigado, el exdirigente sindical José Ángel Fernández Villa, por el progresivo deterioro que presenta su estado mental, aunque manteniendo el decomiso sobre su patrimonio. El mismo sobre el que el Ministerio Fiscal puso la lupa ya en 2013 tras la regulación de su fortuna oculta y que dio lugar a esta investigación. Ahora, una vez analizadas todas las pruebas, se espera que la magistrada dé en breve carpetazo al proceso y abra juicio oral. Ante esto, los acusados defienden su inocencia. Así, la mujer de José Ángel Fernández Villa, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Ángela y Ronaldo Fernández, se han adherido al recurso de apelación que en su momento había presentado Villa para pedir el sobreseimiento libre de la causa, alegando falta de pruebas.

También David Moreno. Concejal de Obras en el Ayuntamiento de Aller cuando tuvieron lugar los hechos investigados y posteriormente alcalde del concejo, se le acusa de un delito de prevaricación por su responsabilidad en la adquisición y cesión gratuita de los terrenos en los que se construyó la residencia, la modificación del planeamiento urbanístico y la inacción del Ayuntamiento ante el inicio de las obras sin licencia. Alega que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ya dictó «justo sobreseimiento libre» sobre el resto de la corporación, en unas diligencias paralelas llevadas a cabo por este tribunal a consecuencia del aforamiento la exconcejal de Aller Teresa Mallada, diputada autonómica en el momento de la investigación. Moreno pide el mismo desenlace y alega que para que exista delito «no es suficiente una mera ilegalidad o irregularidad» en una resolución administrativa, sino que ésta sea «arbitraria» y por lo tanto «objetivamente injusta», «esperpéntica», «clamorosa» y «en abierta contradicción con la ley». Algo que entiende que no ocurrió en este caso.

Una vez analizadas todas las pruebas, la defensa de Juan Antonio Fernández Fernández, propietario de Alcedo de los Caballeros y constructor de la obra, también pide el archivo de la causa en relación a su cliente. Argumenta que el informe pericial conocido hace apenas unos meses «redujo considerablemente el porcentaje del supuesto sobrecoste» en el que se basa la querella contra su acusado y también que la «premisa» que se tenía sobre la aplicación de los controles y las normas de la contratación pública en esta obra es «errática». Su socio, Juan Carlos Riera, recrimina que se le haya considerado testaferro en la trama «por el mero hecho de haber recibido el reparto correspondiente de los beneficios de la sociedad» y denuncia la falta de «pruebas, ni directas, ni indirectas» para poder demostrar que, tal y como mantiene la Fiscalía Anticorrupción, hubiera sido él el encargado de enviar dinero a otros investigados. Por su parte, el arquitecto de la obra, Manuel Sastre, sostiene que la instrucción ha demostrado su «total ausencia de responsabilidad penal».

Por último, quien fuera asesor jurídico del Montepío, Rafael Vigós, alega en su escrito que su única intervención fue la formación de una comisión técnica para la selección de las ofertas y la elaboración del pliego de condiciones, «sin ni siquiera conocer a las empresas que participaron», y señala que «no hay rastro» de que hubiera recibido contraprestación alguna.