E. GARCÍA / CH. TUYA
GIJÓN.
Domingo, 22 de julio 2018, 06:10
Mujer de 45 años, española, con hijos a su cargo, nivel de estudios de la ESO y que vive en las áreas de Oviedo o Gijón. Es el usuario medio del salario social básico, una prestación a la que, desde diciembre de 2005, tienen ... derecho todas las personas con ingresos inferiores a 430 euros y que reciben ya 22.607 asturianos en una cuantía media de 530 euros.
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A finales de 2006, primer año completo de funcionamiento de la ayuda, el salario social básico atendió a 4.317 titulares. La nómina abonada ascendió a 10,6 millones de euros, de los que se beneficiaron más de 12.000 usuarios, puesto que se calcula que de cada nómina viven 2,2 personas. Once años después, el número de titulares casi se ha quintuplicado y la nómina del año pasado alcanzó los 119,6 millones de euros. Hoy, casi cincuenta mil asturianos se benefician del salario social, con un desembolso mensual que supera los 10 millones. Justo el presupuesto anual de aquel primer año de la Ley del Salario Social Básico.
Además del crecimiento acelerado de las personas beneficiarias y, por consiguiente, de la nómina destinada al servicio, se constata también un notable retraso en la tramitación de expedientes. De hecho, entre enero y junio de este año solo 1.323 personas se incorporaron a la nómina y de las arcas regionales salieron ya 51,8 millones de euros. En el último informe oficial, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales reconoce que hay 1.468 solicitudes que aún no han recibido respuesta. El 31 de mayo la demora se remontaba a quienes solicitaron la ayuda el 18 de enero de 2018.
A estas 1.468 peticiones sin atender se suman otros 6.000 expedientes pendientes de revisión, lo que implica que casi un 25% de los titulares habrían comunicado un cambio en sus circunstancias que aún no ha sido examinado. Esto significa que algunos de ellos no tienen actualizadas las cuantías a las que realmente tienen derecho y que el Principado podría estar abonando la ayuda a personas que ya no tengan derecho. Según estima un informe elaborado por la consejería en septiembre de 2017, la actualización de esos expedientes podría suponer un ahorro anual de 700.000 euros.
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