El ministerio público critica que Riopedre «siga sin reconocer que cometió un delito»

José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación que cumple condena en la cárcel de Asturias por su participación con el 'caso Renedo', es objeto de un pulso entre administraciones. De un lado está la junta de tratamiento de la prisión que, con el aval de Instituciones Penitenciarias, propuso su pase al tercer grado o semilibertad. Se basa en informes de sus médicos, que estiman que «presenta una enfermedad de carácter muy grave con padecimientos incurables», riesgo de muerte súbita y esperanza de vida de entre seis meses y un año.

El ministerio fiscal recurrió ese tercer grado en dos ocasiones y ahora está a la espera de recibir un informe forense realizado la semana pasada para decidir si pide de nuevo revocar la medida. Funda la oposición en que «los informes médico forenses decían que no había riesgo vital ni a corto ni a medio plazo y que podía cumplir la condena en un centro penitenciario y tratar sus dolencias en el mismo, con traslados puntuales al hospital, como así se ha hecho cuando se ha necesitado», según explicó ayer la Fiscal Superior, Esther Fernández.

En julio pasado los forenses constataron el empeoramiento de la función cardiaca del reo y estimaron una esperanza de vida de entre uno y cinco años, avalando la permanencia en prisión si recibía la atención médica precisa. En septiembre otro informe no veía en el reo nada que le impida delinquir y de nuevo vinculaba su internamiento a la atención médica que reciba.

Esther Fernández agregó ayer que «no concurren los requisitos» del tercer grado en otro aspecto: «Se busca la reinserción social del delincuente, pero para ello es necesario que haya un reconocimiento del delito, que acepte que ha cometido un delito, y en este caso no se ha producido. Él sigue sin reconocer que ha cometido un delito y, por lo tanto, no muestra arrepentimiento».

La última manifestación pública de Riopedre data de 2017, cuando al conocer la sentencia en primera instancia, anunció que la recurriría. Dijo: «Admito que he podido cometer errores en mi actuación y que pude acaso ser imprudente en mis relaciones personales o en algunas expresiones coloquiales, pero reitero que jamás he adoptado como consejero ninguna decisión injusta, ilegal o irregular».

La mención al arrepentimiento cayó como un mazazo entre los allegados del exconsejero. «Es algo que se sacan ahora y que nunca antes había sido tenido en cuenta en el proceso; la realidad es que los médicos de la prisión y de salud pública, profesionales que no son de nuestra parte, ven que está mal», dicen.

Entre los afines a Riopedre se entiende como una «injusticia» que se le niegue lo que sí logró su subordinada, María Jesús Otero, quien por su edad y estado de salud cumple el resto de la condena en casa, controlada por una pulsera. «La diferencia es que cumplía condena en Álava, y es al juez y al fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Álava a los que correspondía tomar esa decisión. Si el fiscal no ha recurrido su pase a tercer grado, sus motivos tendrá, que desconocemos», valoró ayer Esther Fernández. «En Asturias habríamos mantenido el mismo criterio porque no abonó la responsabilidad civil y no ha cumplido la mitad de la condena», indicó.