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«Quien contamina, paga», resumió la subdirectora general de Economía Circular, Margarita Ruiz Saiz Aja. Desde su puesto en el Ministerio para la Transición Ecología vino a explicar a Asturias en qué consistirán los 392 millones de ayudas europeas que irán destinadas a la economía circular. Aquí es donde su discurso se centra en la gestión de residuos y cómo la prestación de ese servicio tendría que haber sido siempre una tasa municipal. Ruiz Saiz Aja intenta marcar una directriz sobre cómo hay que abordarlo a futuro: «La tasa se debe vincular a la generación beneficiando a quien separe mejor los residuos, de tal forma que se discrimine según la tipología de ciudadano».
Esto está bastante en línea con los planes que tiene Cogersa en el Principado. Es sabido, dado que así viene establecido por ley, los ayuntamientos tendrán que trasladar el coste exacto del servicio de basuras y no podrán asumir el déficit. La gerente, Paz Orviz, señalaba este miércoles que «es inevitable» y citaba, por ejemplo, que «sabemos lo que pagamos por el uso del móvil y otras cosas, pero no tenemos interiorizado el coste de este servicio público». Orviz señala que «muchos ayuntamientos no lo están trasladando ahora a los ciudadanos, pero con la nueva ley no es posible porque impide que estas tasas se puedan subvencionar».
Cogersa, en línea con lo que se plantea desde el ministerio, ya trabaja en contenedores inteligentes. Por ejemplo, que tengan sistemas que avisen del llenado, o que se abran, como algunos casos en Gijón, con tarjeta ciudadana. También jugará un papel importante la trazabilidad de los residuos para obtener datos de los mismos.
Sobre las tasas, Cogersa ya tiene planes en mente en el corto plazo para intentar amortiguar esos costes. La clave pasa por el biometano. Cogersa tratará de compensar la tarifa que envíe a los Ayuntamientos -donde se incluirá el coste de las nuevas instalaciones de reciclaje- con lo que se ingrese por la venta de gas biometano. Porque si ahora lo que Cogersa cobra a los ayuntamientos solo es el basculado de los camiones, pasará a incluirse también la biometanización -que ahora es gratis-, la planta de basura bruta y el impuesto de lo que vaya al vertedero.
Precisamente, de eso iba la jornada de este miércoles en la residencia de la Granda que juntó a las administraciones estatal y regional, y a empresas, organizado por el Club de Calidad. Paz Orviz habló de los cinco millones que ya tienen asignados para plantas de tratamiento de residuos y la aspiración a nuevos ingresos para profundizar en la digitalización.
El director general de Calidad Ambiental del Principado, Pablo Luis Álvarez, destacó que «estamos ante un cambio tecnológico muy necesario que percibiremos como consumidores», y confió en «el efecto movilizador para las empresas cuya recuperación de materias primas tiene que formar parte de un sistema más respetuoso con el medio ambiente».
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