El Ministerio de Juventud aporta a Asturias más de 50.000 euros al año por cada menor emigrante

El Principado recibió por parte del Ministerio de Juventud e Infancia 1,3 millones el año pasado para acoger a 24 menores extranjeros no acompañados y 1,7 millones el año anterior para dar alojamiento a 32 adolescentes llegados al país sin compañía de familiares o adultos. Esto es, el Estado viene destinando más de 50.000 euros al año para financiar la manutención, alojamiento, formación y demás gastos que generan cada uno de estos jóvenes, conocidos como Menas, por lo que al Principado no le supone ningún coste directo. En estos momentos está aún por perfilar cuántos menores llegarán a Asturias en 2025 y, por lo tanto, también cuál será la financiación para atenderles.

Porque, tal y como adelantó EL COMERCIO, Asturias tiene ahora mismo llenas las 101 plazas disponibles para estos menores, a los que además de proteger hay que dar formación (muchos no conocen el idioma), así como atención. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, insistió ayer en que «Asturias será solidaria como siempre lo ha sido», pero que del acuerdo alcanzado por el Gobierno con Junts para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería «aún falta conocer los detalles». Aunque se supone que Asturias podría llegar a acoger a 150 menores extranjeros, de los más de 4.000 que llegaron a las costas canarias, «ese dato aún no está claro», como tampoco «cuál será la financiación», explicó Marta del Arco. Será, dijo, «en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud del próximo mes cuando aclararemos estas cuestiones». Una cita que, como todas, preside la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El Principado aboga por que la acogida de menores migrantes vaya acompañada de financiación estatal y defiende una respuesta solidaria. «Mirar hacia otro lado no solo sería insolidario e inhumano, sino incoherente con una visión de Estado. Canarias tiene un problema cierto y debe haber una respuesta que involucre a todos los demás territorios del país, sin excepción», señaló la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

En este contexto, el Gobierno de Asturias está dispuesto a ser parte activa de la solución, tal y como explica la titular de Bienestar: «Rechazamos de plano los planteamientos xenófobos de la extrema derecha, que identifican a niños y niñas –de eso hablamos cuando utilizamos el término menores- con delincuentes, cuando intentan convertir una cuestión humanitaria en un problema de orden público, en el más puro estilo trumpista. Lamentamos que ese discurso racista, de odio al diferente, vaya siendo asumido por otras fuerzas políticas».

Los centros de acogida del Principado están ahora mismo al máximo de su capacidad, con 101 menores. No obstante, la Administración autonómica está estudiando las alternativas para facilitar la acogida y pide que el esfuerzo sea transparente, objetivable, equitativo y proporcional a la capacidad de cada territorio. «Es obvio que una comunidad uniprovincial como Asturias dispone de menos recursos que otras. A mayores, planteamos que la distribución resultante de ese esfuerzo solidario y compartido sea dialogada con las administraciones autonómicas», precisó Marta del Arco. Además, el Principado insiste en que ese compromiso de acogida debe ir acompañado de una financiación adecuada para que sea eficaz y proporcione a los menores las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna. «Es un requisito indispensable», añadió.

En línea con la postura del Gobierno regional, la diputada socialista Ana González Cachero subrayó ayer la importancia de dar una «respuesta solidaria» a la crisis actual. «Lo que no valen son respuestas xenófobas y racistas como las que dan otros gobiernos que se sustentan sin ningún reparo en bulos y mentiras para justificar su acercamiento al discurso más genuino y radical de la extrema derecha», declaró. Del mismo modo, Xabel Vegas, de IU-Convocatoria, defendió el decreto que regulará el reparto porque tiene en cuenta el número de menores que ya están siendo atendidos en los distintos territorios. «Las críticas que llegan especialmente de las derechas no tienen justificación», reprochó, al tiempo que vinculó esos recelos a «cuestiones racistas».

Frente a la postura de los partidos que sustentan el Gobierno, la oposición carga duramente contra el decreto aprobado por el Consejo de Ministros porque «se trata de una nueva concesión del sanchismo a la xenofobia de los independentistas catalanes, y además se trata a los menores como mercancía para pagar la poltrona de Sánchez en La Moncloa», reprochó la popular Beatriz Polledo. La diputada muestra además su preocupación por las deficiencias que existen en los centros de menores en Asturias y duda de la capacidad de la consejera para garantizar «bienestar e integración» a un mayor número de jóvenes.

Para Vox, «el problema principal surge de la ausencia de limitaciones para la entrada de estos menores inmigrantes». La diputada Sara Álvarez Rouco carga además contra el Principado por «plegarse» y «esconderse tras el compromiso de que los gastos los pague el Gobierno central, olvidando que ese dinero sale del bolsillo de todos». Adrián Pumares, de Foro, dice sorprenderse de que Adrián Barbón, «que opina hasta de los resultados electorales en Nepal, no haya tenido tiempo para criticar el vergonzoso y xenófobo pacto entre el PSOE y la extrema derecha catalana de Junts» que, en su opinión, trata a los menores «como ganado» y teme que, además, «ese acuerdo no venga acompañado de financiación por parte del Gobierno de España».

Por su parte, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, dio la bienvenida a Asturias a los menores no acompañados «que se juegan la vida para buscar un futuro» y pidió recursos para «su acogida, optimización y mejora del sistema actual». «Lamentamos, y nos deja perplejas, que la llegada de estos 150 chavales que buscan tener un futuro se defina por algunos como una invasión», recriminó.

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