«Nos metieron el miedo en el cuerpo», dicen los usuarios de centros de día

«Fue un susto tremendo. El Principado nos metió el miedo en el cuerpo». Marta Álvarez no las tenía todas consigo ayer. Su madre, enferma de alzheimer y usuario del centro de día de El Naranco, en Oviedo, acude a diario al dispositivo mediante un servicio de transporte por el que paga cada mes. Sin embargo, el 1 de febrero aparecía marcado en rojo en su calendario, así como en el de los familiares de los 600 usuarios de los centros de día públicos de La Vega (Mieres), Clara Ferrer (Gijón), El Cristo y Santa Teresa (Oviedo), Valentín Palacio (Siero), El Nodo (Avilés) y Palacio de Villar (Castrillón). En rojo de alerta, ya que, tal y como adelantó EL COMERCIO, hace una semana desde Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo que gestiona la red pública geriátrica, se les informó de que, ese día, se suspendería el servicio de transportes. Al final, se ha mantenido.

Y ha sido gracias a la protesta conjunta de usuarios, familiares y trabajadores de las empresas de transportes, que contaron con el apoyo de Podemos. Una movilización que se tradujo en un cambio de opinión exprés. En menos de 24 horas desde que saltó la noticia, la propia consejera, Melania Álvarez, dejó claro que el servicio «se mantendría» como hasta el momento.

Sin embargo, las palabras no iban coordinadas con los hechos, ya que las empresas afectadas, Transportes Adaptados y Adaptrans, seguían con facturas sin pagar y sin notificación de que el contrato se prorrogase tras el 31 de enero. «Llevábamos muchos meses negociando con la gerente del ERA, Ana Suárez Guerra, y siempre nos decía que saldría el servicio a concurso, pero no salió», explica Juan Areces, de Transportes Adaptados.

Sin tiempo para sacar un concurso público, la decisión fue hacer un contrato por la vía de urgencia «por duración de un mes y 26 días», que fueron notificadas a las empresas «el día 31, a las 15 horas». Al límite.

Una notificación que permitió que hoy la madre de Marta Álvarez, así como el padre de Cristina Martínez fueran recogidos en su domicilio para acudir a su terapia diaria. Martínez sigue viendo nubarrone. «El problema es que todavía está pendiente de licitarse el servicio. Es decir, no tenemos la garantía de que esta empresa siga en esta ruta, pese a que para nuestras familias es muy importante su continuidad».

En esa línea, Areces recuerda que «la deuda con las empresas continúa. Ayer mismo nos rechazaron una, sin que sepamos la razón». Pese a ello, «la empresa nos ha seguido pagando a todos las nóminas». Lamenta que el retraso en los pagos del ERA «pueda afectar a participar en concursos para hacer este servicio, ya que con una deuda quizá no se logre el aval bancario necesario ni, tampoco, se pueda renovar la flota».