Uno de cada tres menores acogido en Asturias es adolescente

Cinco años después, las cifras han dado un vuelco. De los 352 menores que tutela el Principado, solo el 8% son menores de seis años. La mayoría, el 35%, ya han cumplido los 16 años. En cifras, en los centros públicos y concertados que gestiona la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar viven solo 28 menores de 6 años frente a los 123 que ya han cumplido los 16.

Un giro que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha reconocido durante la comparecencia que, junto a la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, Marta del Arco, ha tenido hoy ante la Comisión de Derechos Sociales y Bienestar de la Junta General del Principado. Según explicaron ambas, el giro lleva por dos motivos principales. «Uno, por la aplicación de la nueva ley de infancia, que obliga a que los menores de 6 años no estén institucionalizados, sino que se les busque familia de acogida, ya sea propia o ajena». Esa norma ha llevado a que, ahora mismo, «los ingresos de esos menores sean de cuatro, como media mensual». El giro en el grupo de edad a proteger ella por un problema que ha ido a más en la última década «la incapacidad parental para el control de hijos e hijas adolescentes».

Una situación por la que le preguntaron los portavoces de PP, Ciudadanos, Foro y Grupo Mixto, Reyes Fernández Hurlé, Manuel Cifuentes, Adrián Pumares y Armando Fernández Bartolomé, respectivamente. Pese a que Vox fue el grupo que forzó la comparecencia de la consejera, no asistió a la misma. IU declinó hacer preguntas y el PSOE respaldó la gestión realizada por la consejería.

A respuestas de quienes sí le preguntaron, tanto Melania Álvarez como Marta del Arco aclararon que el aumento de casos de adolescentes «por la incapacidad de control parental no responde siempre a problemas de conducta del menor», sino que también hay dificultad en los padres para gestionar la adolescencia de sus hijos. En esa línea, Del Arco explicó que «muchos de los jóvenes que llegan por maltrato intrafamiliar, es decir, maltrato de hijos, normalmente varones, a sus madres, cuando entran en un centro tienen un comportamiento muy adaptativo». «No son chicos complicados, sino todo lo contrario», aseguró.

Por ese motivo, el Principado avanza en dos líneas que confluyen «el trabajo con las familias para la parentalidad positiva», y con los propios menores. «Es un momento complicado para ellos, con la turbulencia propia de la adolescencia. Hay que restaurar el daño y darles la atención que necesitan», apuntó Del Arco. En su opinión, «el programa tiene un éxito considerable», sobre todo en la continuación tras cumplir la mayoría de edad. «El programa Ítaca, para tutelados que cumplen 18 años, tiene 45 plazas y están todas ocupadas». La consejera apuntó que para los adultos que no siguen ese programa, «tenemos las plazas del Hogar de San José y de Identidad para Ellos, que trabajan con nosotros».

Armando Fernández Bartolomé, ex diputado de Ciudadanos y portavoz del Grupo Mixto, fue quien lideró el debate, reprochando a la consejera que no haya presentado «la memoria 2022 del instituto», y, sobre todo, «que no haya un balance de legislatura ni, lo más importante, una memoria económica». Por más que lo preguntó, no logró conocer el coste «de cada plaza de atención a un menor» y señaló que «en la protección a los menores hay zonas de sombra. Casos que no van a llegar por sí mismos a la Administración, que debe ser proactiva y analizar qué está ocurriendo».

Mientras Adrián Pumares, de Foro, se preocupó especialmente «por las plazas de urgencia, las de menores de 6 años», de las que la consejera insistió en que hay suficiente cobertura, «porque hay una media de cuatro casos», desde Ciudadanos Manuel Cifuentes puso el foco en «las ayudas a las familias de acogida, que no tuvieron retrasos en el pago el año pasado». A ese respecto, Melania Álvarez reconoció los problemas de gestión «tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Sociales», pero, aseguró, «ya están solventados. Se realizan pagos mensuales, vinculados a los derechos del menor».

Para Reyes Fernández Hurlé, que coincidió en la preocupación del resto de portavoces, la duda es si «¿se separan hermanos?», algo que rechazó la consejera. «Se procura que estén siempre juntos», aunque, explicó Marta del Arco, «hay muchas casuísticas». Por ejemplo, si el grupo de hermanos «ha tenido convivencia, se mantienen unidos», pero no ocurre lo mismo si «los mayores están acogidos y llega a la familia un recién nacido con el que no han tenido convivencia». En todo caso, siempre se procura «que estén en contacto».

El hilo conductor de la comparecencia fue el nuevo modelo de cuidado a menores que el Principado, tal y como adelantó EL COMERCIO, quiere poner en práctica, basado en unidades de solo 30 menores y en centros donde todos tengan habitaciones individuales. «Recuerdo habitaciones de hasta 50 camas», lamentó Armando Fernández Bartolomé.

Todos los grupos intervinientes mostraron su preocupación por «la memoria económica de ese proyecto», que se va a financiar con fondos europeos. «Debe haber transparencia», le pidieron todos, así como «cuidado por las plantillas». Entienden los diputados que «cuidar a los profesionales que trabajan en estos centros es clave. Tanto en los centros públicos como en los privados con los que concierta el Principado».

En ese sentido, Melania Álvarez aseguró que «nuestra preocupación por los profesionales es máxima y todos, ya sean públicos, ya de las entidades del tercer sector con las que trabajamos, tienen la misma formación».

Y, como dentro de ese nuevo modelo, las familias de acogida, tanto propias como ajenas, tendrán gran protagonismo, la consejera anunció «una nueva campaña de promoción de los acogimientos con la Fundación Meniños, que es con la que tenemos concertada esta función». De nuevo se buscan familias en Asturias.