Tamón pide que el dinero para la compra del Prendes se destine a saneamiento

La Asociación de Vecinos San Juan de Tamón ha presentado un escrito de alegación contra la aprobación provisional de la modificación de crédito extraordinario -financiado con el superávit de 2017- que recoge una partida de un millón de euros para la compra del teatro Prendes. El colectivo vecinal solicita que dicho importe sea destinado al saneamiento del concejo, especialmente al de dicha parroquia. Una postura que basan en la obligación legal del Ayuntamiento de Carreño, según la ley de Haciendas Locales.

La falta de dinero para las necesarias obras de saneamiento de todos los núcleos rurales y urbanos que carecen del mismo supone, según defienden desde la asociación vecinal, «el incumplimiento del Consistorio en sus obligaciones en este ámbito». Prueba de ello, añaden, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el pasado mes de julio a España al pago de una multa de doce millones de euros por seguir teniendo grandes ciudades que vierten sus aguas sin tratar al mar.

En el caso concreto de Tamón, apuntan, «no tener saneamiento en la parroquia contribuye a empeorar la calidad de vida de unos vecinos ya muy lastrados por un entorno en el que hay graves problemas medioambientales y acústicos». Señalan además que se trata de una actuación imprescindible que no puede caer en el olvido.

Por todo esto, entienden que acometer estas actuaciones es prioritario a adquirir el equipamiento. El equipo de gobierno anunció el pasado 20 de octubre su intención de proponer la compra del teatro Prendes con el superávit al considerarlo una inversión para el futuro cultural del municipio. La propuesta, que contó con el apoyo de gran parte de los vecinos de la villa marinera, cuya asociación vecinal llegó a recoger firmas para que saliese adelante, fue aprobada en una sesión plenaria gracias al apoyo de Somos Carreño. Por su parte, tanto IU como PP mostraron su rechazo por la forma en qué se iba a hacer el proceso: expropiación. También los dueños del inmueble que tacharon el proceso «tomadura de pelo porque nunca hubo negociación oficial» y aún están en plazo para presentar alegaciones en el caso de que lo consideren oportuno.