El PSOE de Carreño defiende a su edil tras la denuncia por «engordar» una factura

El gobierno socialista de Carreño defiende la inocencia del teniente de alcalde, Gabriel Rodríguez, en el asunto de la factura «engordada», denunciada por el proveedor del servicio de recogida y alojamiento de perros errantes. La alcaldesa, Amelia Fernández, anunció ayer la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar esta cuestión. Según manifiesto, «el ejecutivo dará cuenta de su gestión en esa sesión y en ella no trataremos, en ningún caso, los intereses que manifiestan terceras personas ni mucho menos lo que éstas alardean en sus conversaciones privadas. Desde el equipo de gobierno creemos en la presunción de inocencia y apoyamos con firmeza a nuestro portavoz». Y añadió, que tras conocerse la conversación en una cafetería entre la empresa proveedora y el teniente de alcalde (en la que, según la empresaria, Gabriel Rodríguez le animó a engordar la factura para hacer frente a la deuda contraída con ella por prestar este servicio), la regidora ordenó al área de Intervención y Medio Ambiente «revisar los expedientes de cada uno de los animales recogidos y sus correspondientes facturas».

En cuanto a la celebración del Pleno, según dijo, «éste se convocará cuando se emitan los informes al respecto elaborados por los técnicos municipales para exponer la realidad de los hechos». No obstante, la comisión de Medio Ambiente anunciada para hoy se llevará a cabo, tal y como estaba previsto, y en ella el también concejal presidente de la misma, Gabriel Rodríguez, se someterá a todas las consultas que realicen los portavoces de la oposición.

La alcaldesa, Amelia Fernández, mantiene que la situación del servicio que se venía prestando «era conocida por todos los grupos políticos, puesto que en 2016 se explicó en la comisión de Hacienda celebrada en noviembre de 2016». Este tema, añadió, «se trató en las comisiones periódicas de Medio Ambiente y de Hacienda, y en ellas de manera mensual se aborda la fiscalización de la facturación municipal por parte de los grupos de la oposición».

En cuanto al asunto que motivó la denuncia por parte de la proveedora del servicio de recogida de perros errantes, la alcaldesa matiza que la ley establece que estos animales se recojan en un término municipal y transcurridos ocho días pasan a ser propiedad municipal. Por ello, «el Ayuntamiento se hizo cargo, con el protocolo fijado de recoger, mantener, albergar y revisar en clínica veterinaria los perros». Y recuerda que hace dos años y «después de intentar sin éxito llegar acuerdos con Gijón para conveniar con el Ayuntamiento un posible uso compartido de su perrera y tras negociar con varias protectoras, que por aquel entonces, no tenían espacios disponibles para darnos servicio, se llegó a un acuerdo con una de las dos guarderías caninas del concejo, con un precio por perro al día de 6,65 euros mas IVA».

A tenor de los informes de este servicio ofrecidos por la regidora carreñense, «en el 2016, se registró tan solo un perro abandonado y un año más tarde se pasó de 29 a 68 animales recogidos. El incremento fue bestial e impropio de un concejo de nuestro tamaño y curiosamente coincide con la no aprobación del proyecto de albergue canino previsto para Tamón». Una apreciación con la que evidencia la sospecha de que exista algún tipo de represalia por el fallido intento de instalar la perrera en el municipio. Otra cuestión en la que pone el acento es la relacionada con el contrato de la recogida, «que precisó de una valoración económica previa y que requirió un refuerzo del servicio de contratación, un problema del que eran conocedores los grupos de oposición y así lo recogen las actas municipales», añadió.

Amelia Fernández quiso dejar claro en este asunto que la deuda con la guardería canina, de 15.000 euros, «era conocida por todos los grupos municipales, puesto que hubo este año varias comisiones de Hacienda en las que explicamos éstas y otras facturas pendientes. Después de varias comisiones, se celebró el primer Pleno en el que no se aprobaron. El resto de partidos solicitaron un informe de la secretaria municipal, porque no les servía el emitido por la interventora. A pesar de que se convocó una nueva comisión en la que volvimos a tratar las facturas y se aportó el informe del secretario, lamentablemente en el Pleno de julio volvieron a votar, por segunda vez, en contra de su aprobación».

Para la alcaldesa, el único objetivo del gobierno «fue que los proveedores pudieran cobrar sus facturas sin tener que reclamar el pago a través del juzgado y hasta la fecha no fue posible contar con el apoyo de ningún grupo político para hacer frente a los mismos», concluyó.