El Pleno de Carreño aprueba la revisión total del Plan General

La moción conjunta presentada ayer en el Pleno de Carreño por los grupos de oposición, IU, PP y Somos Carreño-Podemos, obligará al Ayuntamiento a elaborar un nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Este fue el resultado de la votación en la que el PSOE se opuso argumentando un serie de criterios de tipo juridico y económico que no pudo precisar. La propuesta de los partidos de la oposición se amparó en la necesidad de actualizar un documento urbanístico, que a su juicio, «no responde a las necesidades y los intereses de los ciudadanos del concejo», precisó Carolo López, de la formación morada, encargad de defender la moción. En su exposición solicitó que el Ayuntamiento inicie los trámites necesarios para la revisión total del PGO. Y para este trámite, si fuera necesario, se daría el apoyo «a los recursos propios» para una asistencia técnica externa que colabore con la redacción del nuevo planeamiento urbanístico.

Por su parte, el grupo municipal socialista, «planteó» que la iniciativa «debería someterse a una comisión informativa especial para conocer las consecuencias que acarreará esta decisión», Esta fue la invitación que hizo el portavoz del PSOE, Juanjo Fernández. Una exposición que «encandiló» a los partidos que defienden la revisión total del planeamiento. Por ello, lanzaron reproches al equipo de gobierno socialista «por no haber abordado estos detalles en el marco de la comisión informativa de Urbanismo». Así, el portavoz de IU, Ángel García, criticó la «falta» de trabajo «que demuestra la gestión del ejecutivo, porqué estas advertencias se debería haber tratado en esa comisión y no se hizo».

El portavoz del PSOE, basó la razón del rechazo de su grupo político en la prioridad de una aprobación del texto refundido del PGO. Un documento final en el que se recogen las prescripciones para su aplicación. «La hoja de ruta debería ser su aprobación, «qué la oposición rechazó y, a partir de ahí, se lleven a cabo todas las modificaciones que sean precisas». Una explicación que fue acompañada de otros argumentos en los que lanzó la advertencia del largo trámite que requiere una nueva revisión, de las consecuencias jurídicas que causará y de un coste económico que valoró en e 300.000 euros.

Estas explicaciones no convencieron a la oposición «porque se llevan más de nueve años sin resolver los problemas que generó el PGO y entendemos que esta es la única solución para que resuelvan. Es una demanda de los ciudadanos y es nuestro compromiso», dijo Carolo López López.