La oposición de Carreño pide la dimisión de la alcaldesa por la polémica de 'engordar' facturas

La oposición de Carreño se une en bloque contra el equipo de gobierno de Carreño para exigir la dimisión de la alcaldesa, Amelia Fernández, y de su teniente alcalde, Gabriel Rodríguez, ante la acusación y denuncia por parte de una proveedora a la que supuestamente animaron a 'engordar' facturas para sufragar los intereses derivados del retraso en el pago de los servicios prestados al Ayuntamiento, por la recogida de perros abandonados en el concejo. El PP, Somos Carreño e IU mantuvieron anteayer una reunión de urgencia para analizar «la delicada situación».

Fruto de este encuentro, las tres formaciones acordaron exigir la dimisión, ahora de manera conjunta, de los dos miembros del equipo de gobierno implicados -la alcaldesa y el teniente de alcalde- «dada la gravedad de las acusaciones que se han vertido sobre ellos». Asimismo, todos acudirán a la comisión informativa que el PSOE contempla convocar la próxima semana para presentarles toda la documentación y ofrecerles las explicaciones oportunas para aclarar este asunto. Según la oposición, «no aclaran nada en ninguna de las notas de prensa que han emitido como justificación de lo denunciado».

PP, Somos Carreño e IU manifestaron que en el caso de que dichas explicaciones no sean satisfactorias o de que la comisión no llegue a realizarse, «los grupos valoraremos pedir en conjunto la convocatoria de un Pleno extraordinario para tratar este asunto. Además, pretendemos avanzar en la toma de medidas que hagan reconducir la situación actual».

Los representantes de las tres agrupaciones municipales ya habían mostrado su desacuerdo con la manera de actuar del PSOE, llegando a exigir, cada uno de manera individual, que se tomasen responsabilidades políticas. El PP incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía para que investiguen si los hechos son constitutivos de delito. Desde el equipo de gobierno ya han anunciado que presentarán la documentación necesaria para demostrar que la relación con la guardería, iniciada en junio de 2016 y finalizada hace unos meses sin haber firmado un contrato, fue completamente legal y que en ningún momento se llevaron a cabo los hechos denunciados.

El Ayuntamiento debe a la guardería 15.700 euros por las facturas impagadas desde noviembre de 2017. El PSOE llevó a Pleno las cuentas para abonarlas por un reconocimiento extrajudicial pero el PP votó en contra.