Un juzgado admite a trámite una querella de Aldergarten contra Ángela Vallina

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Avilés ha admitido a trámite una querella presentada por la empresa Aldergarten contra la exalcaldesa de Castrillón y actual portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Ángela Vallina, por un presunto delito de prevaricación, en un proceso en el que también se persona la Fiscalía.

La promotora inmobiliaria adquirió hace cerca de dos décadas unos 30.000 metros de suelo urbanizable en El Espartal y allí proyectaba la construcción de una promoción de dos centenares de viviendas, que nunca pudo llevar a cabo. La empresa acusa a Vallina de haber denegado «arbitrariamente» cuando era alcaldesa la tramitación del estudio detalle del proyecto «con la intención de impedir el desarrollo del mismo», y por ello pide once millones de euros al Ayuntamiento de Castrillón, en concepto de reclamación patrimonial.

La jueza descarta el sobreseimiento de las actuaciones y da orden de iniciar las actuaciones que permitan calificar los hechos y dirimir si se puede probar la comisión de algún tipo de delito de prevaricación por parte de la exregidora castrillonense. Así, incoa diligencias previas y comienza a pedir documentación. De momento la jueza ha solicitado al secretario del Ayuntamiento de Castrillón que emita un informe que contenga la relación de los expedientes administrativos del asunto y también la de las actuaciones municipales relacionadas con los hechos denunciados, que se remontan al año 2011. Pide asimismo una copia de los expedientes y no descarta la solicitud futura de otras pruebas que pudieran considerarse necesarias para aclarar el asunto.

Antes de comenzar a analizar esos expedientes municipales relacionados con el polémico proyecto urbanístico de El Espartal, la jueza tendrá que decidir sobre otra cuestión. La empresa solicita una fianza a Vallina como medida cautelar, para lo que se ha abierto una pieza separada, y ahora se le solicita pronunciamiento a la Fiscalía antes de resolver la misma. El fiscal tendrá un plazo de cinco días para emitir un escrito, que la jueza tomará en consideración antes de decidir sobre las medidas cautelares que se puedan adoptar.

La polémica sobre este proyecto urbanístico se inició hace más de diez años y en ella se inmiscuyeron, además de los grupos políticos del municipio, las administraciones públicas y la propia promotora, los colectivos ecologistas de la comarca, que se opusieron en todo momento a la construcción de las viviendas en este espacio, alegando que, a pesar de estar excluido del Monumento Natural del sistema dunar, las actuaciones en la parcela podrían afectar a los terrenos colindantes, que sí están protegidos. La entonces alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina, se mostró en todo momento contraria al proyecto, alegando que el hecho de que el solar propiedad de Aldergarten hubiese sido declarado urbano no quería decir que los valores medioambientales que poseía el terreno hubiesen desaparecido ni que fuese edificable.