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efe
Martes, 22 de septiembre 2020, 16:29
El hostelero acusado de tráfico de drogas tras la incautación de seis gramos de cocaína en un almacén anexo a su bar, en Pravia, ha alegado que había adquirido la sustancia estupefaciente para compartirla con el camarero y «aguantar el ritmo» de ... las veintiuna horas seguidas de trabajo del día grande del Xiringüelu de 2018.
El acusado, que afronta una petición fiscal de seis años y medio de cárcel, ha explicado este martes ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que, de los seis gramos incautados, cuatro eran para su autoconsumo y los otros dos para el camarero que le había abonado 120 euros por adelantado.
Cuatro guardias civiles han ratificado ante los magistrados que efectuaron un registro en el bar propiedad del acusado, el 4 de agosto de 2018, dentro de un operativo para la detección del tráfico de drogas en zonas de ocio de Pravia, durante las fiestas del Xiringüelu.
Los agentes hallaron en un almacén del local cerrado con llave 6,33 gramos de cocaína, una báscula de precisión, una tarjeta para separar y mezclar la droga y numerosas bolsas con recortes circulares que, según la Fiscalía, eran utilizados para envolver las dosis, que luego presuntamente vendían en el establecimiento, así como 485 euros.
El acusado ha justificado la droga en su adicción a la cocaína desde sus «años de juventud» y ha aportado sus declaraciones de la renta de 2018 y 2019 para que se pueda constatar que carece de ingresos ilícitos.
Según su declaración, el día fuerte de la fiesta trabajaba entre 20 y 21 horas seguidas, por lo que al ser «uno de los días que más se gana de todo el año» necesitaba consumir para «seguir del tirón», una versión que ha corroborado el camarero que ha declarado como testigo.
El acusado ha justificado los 485 euros que portaba en el momento del registro en que 200 euros eran para pagar al camarero, que también ha verificado su testimonio, y el resto para tener cambio en la caja registradora durante la fiesta.
La fiscal ha mantenido su petición de pena de seis años y medio de prisión por un delito contra la salud pública con la agravante de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público al sostener que el registro se hizo «con todas las garantías».
El abogado defensor, Nicolás Álvarez Areces, ha interesado la absolución al afirmar que el acusado es consumidor habitual de cocaína y entender que en su caso concurren las atenuantes de adicción a la droga y dilaciones indebidas.
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