El gobierno achaca el impago al funcionario a un error de trámite

Sin trampa ni cartón, sin premeditación o malicia. Nada de todo eso estuvo detrás del impago de su salario durante nueve meses, por parte del Ayuntamiento, a un funcionario del servicio de Obras, y resuelto después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Oviedo sentenciase al Consistorio a abonarle los 19.273 euros debidos, amén de los intereses legales. Tal como afirmó ayer la propia alcaldesa, Yasmina Triguero, fue un mero error administrativo en algún punto de la tramitación lo que propició la deuda. Y ya se han tomado medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.

«Estamos investigando en qué fase concreta del proceso se produjo el fallo, para que no vuelva a darse en el futuro», apuntó la regidora. Siendo como fue un caso «de cierta complejidad», una posible teoría es que, en el momento en que el funcionario, Rafael Santos Méndez, recurrió la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social de desestimar su solicitud de incapacidad permanente, la información de la consiguiente alta se perdió al poco de llegar a manos municipales. Sea por esa razón, o por otra, Triguero sentenció que «en todo el Consistorio se entendió que seguía de baja, cuando no era así».

Méndez, de 56 años y conductor de camiones del departamento de Obras desde hace veinticinco, sufrió un accidente el 8 de enero de 2020, que le mantuvo de baja durante año y medio. Aquejado de secuelas cervicales, en julio de 2021 inició la petición de la incapacidad permanente; sin embargo, el Ayuntamiento no abonó ningún pago al afectado entre agosto de ese año y mayo de 2022, pese a haber sido declarado apto y a que acudió a la sede consistorial en varias ocasiones para pedir la reincorporación, sin obtener respuesta.

La regularización se produjo, el 1 de junio del año pasado, aunque Méndez ha vuelto a recaer.