Se enfrenta a una pena de ocho años por estafar a una pareja en una mediación hipotecaria

La acusada, según el relato fiscal, no tramitó crédito alguno, ni canceló la hipoteca, por lo que al resultar impagado el crédito el acreedor reclamó judicialmente la ejecución hipotecaria de la vivienda. El matrimonio había adquirido una finca con vivienda en Bimenes por un precio de 30.000 euros, y aplazó el pago hasta el 29 de agosto de 2013, estableciendo la falta del pago aplazado como una de las condiciones estipuladas para la resolución del contrato.

Los compradores trataron de obtener un préstamo para efectuar el pago, pero no lo consiguieron, porque uno de ellos estaba incluido en el fichero ASNEF por deudas contraídas con anterioridad. En marzo de 2014, los compradores se pusieron en contacto, a través de internet, con la acusada, presentándose ésta como supuesta mediadora.

Según el relato fiscal, la acusada, con intención de obtener un beneficio indebido, convenció al matrimonio de que podría obtener un préstamo hipotecario de 40.000 euros, a pagar en cuotas de entre 150 y 160 euros al mes y «en bastantes años». Sin embargo, según la versión de la Fiscalía, la acusada nunca tuvo intención de realizar las gestiones para la obtención del préstamo, sino que pretendía con ello que le entregaran cantidades de dinero para «hacerlas suyas».

Así, entre el 17 de marzo de 2014 y el 3 de abril de ese mismo año, el matrimonio efectuó giros postales a favor de la acusada por 2.050 euros. Entre el 12 de marzo de 2014 y el 1 de abril de 2015, le entregaron pagos de entre 176 y 3.200 euros, que totalizaron 38.424 euros.

Posteriormente, la acusada les indicó que era necesario que facilitaran una garantía adicional y pusieron la vivienda habitual de la madre de una de las víctimas, una pensionista con unos ingresos de pequeña cuantía. El inmueble estaba gravado con un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 24.500 euros y, por ello, la acusada les ofreció negociar un supuesto préstamo con mejores condiciones, actuando como intermediaria para obtenerlo y cancelar el que ya tenían.

Entre el 18 de febrero y el 1 de abril de 2015, el matrimonio entregó 5.000 euros a un presunto cómplice de la acusada, quien se haya en paradero, cantidad que nunca recuperó. La Fiscalía solicita que la acusada indemnice al matrimonio con 40.474 euros y a la pensionista con los 5.000 euros que no pudieron ser recuperados. La vista oral se celebrará a las 10:30 horas de mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.