El edificio de Perán, abocado a la demolición por parte de Costas

El destino del edificio del siglo XIX de la bahía de Perán parece estar cada vez más cerca de su demolición por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Los intentos de obtener su catalogación urbanística para lograr así su protección y evitar el derribo se alejan de los plazos establecidos por la Administración del Estado. Según se apunta desde el grupo municipal de IU, «los errores municipales en la petición de los informes para su redacción, necesarios para tramitar su declaración como edificio de interés histórico, demuestran un claro desinterés y una pasividad del gobierno socialista». Por esta razón, recuerdan el acuerdo plenario del pasado mes de marzo en el que la mayoría de partidos defendió la protección del inmueble. «Desde entonces hemos formulado de manera reiterada preguntas en la comisión informativa de Urbanismo y el PSOE siempre se escuda en los técnicos cuando es él quien debe planificar y gestionar de primera mano lo acordado. Es su obligación. Pero no atienden a nada», señaló su portavoz, Ángel García.

Hace ya cuatro meses se anunció por parte del ministerio la apertura del correspondiente expediente para el derribo de la línea de edificaciones existentes en el entorno de la bahía de Perán. En el mismo anuncio se comunicó también que el plan de demolición, la reposición de los servicios afectados, la recuperación ambiental y la urbanización de este espacio dispone de un presupuesto base de licitación de 196.259 euros.

Para iniciar su tramitación, la Demarcación de Costas estableció un plazo de veinte días para formular alegaciones.

Ante este anuncio, las reacciones no se hicieron esperar y tanto colectivos vecinales como partidos políticos se unieron presentando alegaciones contra el plan de derribo. En su defensa, la coalición de izquierdas de Carreño aportó abundante documentación en defensa de los valores históricos, sociales y arquitectónicos del inmueble. Mientras tanto, la respuesta del gobierno socialista al respecto fue que cuando se abrió el plazo para presentar alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no se habían presentado reclamaciones al respecto por la propiedad para ser incluido dentro del catálogo urbanístico para asegurar su protección. Desde entonces, los partidos de oposición reclaman el cumplimiento del acuerdo plenario.