Desahucian a seis familias de Candás tras varios meses sin abonar el alquiler

Seis familias de etnia gitana han sido desahuciadas del edificio en el que residían desde hace varios años frente a la iglesia de Candás. Una pareja de la Guardia Civil se presentó la semana pasada en el inmueble para efectuar la orden judicial, emitida después de que el propietario denunciase a los inquilinos por llevar varios meses sin pagar el alquiler. La causa de este impago se debe, según explican, a que el edificio no había pasado la inspección técnica y se encontraban a la espera de saber cuál iba a ser su futuro.

Según relatan los inquilinos, en el mes de abril el propietario del inmueble se puso en contacto con ellos para informarles de que el edificio no había superado la inspección técnica. Ante esta situación, apuntan, «nos dijo que dejásemos de pagar el alquiler hasta que viese qué iba a suceder». Poco después, se les informó que la edificación estaba en ruinas y que, por tanto, debían abandonarla. «No nos dieron ningún certificado oficial, así que nos pusimos en contacto con un abogado que nos indicó que sin un informe no teníamos que irnos», explican.

Meses después, las seis familias recibieron una notificación del juzgado en el que se ordenaba el desahucio de las viviendas por impago. «Hemos intentado ponernos en contacto con el propietario en varias ocasiones, pero no nos coge el teléfono y nos tiene bloqueados», afirman. Hace poco más de una semana, agentes de la Benemérita acudieron al inmueble junto con un abogado para llevar a cabo el desalojo del edificio.

Ahora, las familias afectadas comparten casa con amigos y familiares que los han acogido hasta que encuentren algo mejor. «Hemos buscado piso, pero cobrando un salario social es muy difícil que alguien te alquile una casa», aseguran. También se han puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, que se han ofrecido a hacerse cargo de los primeros meses de alquiler. Una ayuda que consideran insuficiente. «Sabemos que en Candás hay pisos vacíos. Solo queremos una casa, dicen.

Desde Servicios Sociales explican que no se les ha adjudicado una vivienda porque «no se ha detectado situación de emergencia en este caso», ya que dichas familias no cumplen los requisitos que se recogen en el decreto de Vivienda del Principado. Añaden, además, que ellos tienen conocimiento de tres familias afectadas, de las que una ya habría encontrado un nuevo piso en Gijón.

«Cuando las viviendas municipales estén disponibles, se tienen que adjudicar mediante convocatoria pública. Las familias podrán solicitarlas cuando esto ocurra, pero en estos momentos no hay ningún proceso en marcha, apunta la edil Paula Cuervo.