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A. G.-OVIES
CANDÁS.
Jueves, 9 de agosto 2018, 00:20
El PP de Carreño presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias con el fin de que se investigue la supuesta propuesta realizada por el teniente de alcalde socialista, Gabriel Rodríguez, a una proveedora municipal para que engordase las facturas que le paga el Ayuntamiento. El concejal habría animado a la propietaria de una guardería canina a la que el Ayuntamiento debe 15.000 euros a incluir perros inexistentes para cubrir los intereses derivados de un crédito bancario solicitado por la afectada ante el impago del Consistorio.
La guardería canina presta servicio al Ayuntamiento desde 2016 en la recogida de perros abandonados, sin contar con un contrato administrativo al respecto, indicó el portavoz popular. El principal punto de fricción entre ambas partes surgió hace varios meses por el impago de cuatro facturas de 2017 que ascienden a más de 15.000 euros y que deberían abonarse a través de un reconocimiento extrajudicial que, previamente, debe ser aprobado por el Pleno. Como consecuencia de este retraso en los pagos, la propietaria se vio obligada a solicitar un crédito a un banco.
«Es una de las muchas conversaciones mantenidas entre ambas partes cuando, según se recoge en unas grabaciones realizadas por la afectada, el teniente alcalde le habría propuesto que incluyese perros de más para pagar todos los intereses y gastos derivados del servicio», como se recoge en la denuncia presentada por los populares.
El partido presidido por José Ramón Fernández consideró ayer que los hechos deben ser esclarecidos «desde el punto de vista penal» e instaron tanto al teniente alcalde como a la alcaldesa, Amelia Fernández, a presentar su dimisión «por su incompetencia, por inducir a un proveedor municipal a incluir en una factura servicios no realizados, así como por el abandono, en al menos dos ocasiones, de perros errantes».
Es la misma postura que comparten en Somos Carreño. La formación lamentó que «la ineptitud de este gobierno es tal que prefieren malversar fondos públicos antes que trabajar para hacer bien las cosas».
Por su parte, desde el equipo de gobierno han calificado esta situación como «una nueva maniobra con clara intencionalidad política en la campaña de descrédito que viene desarrollando la oposición al gobierno local». Afirmaron que las conversaciones grabadas «han sido sacadas de contexto con el único objetivo de desviar la atención sobre las opciones de solución planteadas desde el Ayuntamiento» y reconocieron la deuda con la guardería, derivada de la necesidad del Consistorio de cumplir con la ley que rige la tenencia y protección de los animales domésticos en el Principado al no disponer de un centro de recogida propio. Hoy, explicaron, este servicio está en fase de licitación.
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