El magistrado que quitaba el sueño al Principado

Cuando no hablan con la prensa, repiten los jueces que ya se manifiestan suficientemente a través de sus sentencias. En el caso de Chamorro, que preside la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA desde 2004, ese currículum está plagado de sonoras sentencias que quitaron la razón al Principado y varios ayuntamientos en asuntos clave.

En 2009 se tumbaron sendas resoluciones de las consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas en las que se basaban los pagos de pluses de la carrera profesional a 14.000 empleados públicos del Principado. En abril de 2012 la Sala dictó el que quizás fue el fallo que más alteró la política regional, al anular el voto emigrante, lo que daba a Foro Asturias el escaño número 12 y dejaba la mayoría parlamentaria en manos del centro-derecha. Para mantener el sigilo y por orden de Chamorro, el texto de aquel auto se fue redactando fuera de los discos duros de los ordenadores.

Antes ya había participado en la sentencia que tumbó los planes generales de Ordenación Urbana de Gijón y Llanes. Entre los reveses que impuso, está la anulación de los planes urbanísticos que permitían a Cogersa ampliar su perímetro para levantar una incineradora.

Son significativas sus sentencias, pero también su activismo. Como presidente nacional de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), le tocó estar en primera línea cuando, en 2009, los togados empezaron a abandonar su tradicional actitud conservadora y amenazaron con huelgas si no llegaban más medios. Estudioso, organizador de jornadas jurídicas y ponente en diversos foros, tiene dicho que para atajar la corrupción urbanística hacían falta «más jueces, no más leyes». Defendió la justicia gratuita en primera instancia y lamenta los intentos de convertir a los magistrados en «gallinas ponedoras de sentencias».

Su primer reto será «la digitalización, un cambio muy grande que se anuncia inminente y requiere mucho diálogo», indica Julio Martínez Zahonero, de Jueces para la Democracia. La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ofrece su «colaboración para continuar avanzando en el buen funcionamiento».

Ha sido elegido él, pero «contábamos con dos magníficos candidatos, por lo que siempre estuve tranquila», decía la fiscal superior, Esther Fernández. Mandaba así aliento a Pilar Martínez Ceyanes, la otra aspirante. Su descarte mantiene la imagen de una judicatura donde solo hay una mujer entre todos los presidentes de tribunales superiores de justicia.